Estados Unidos

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El temible imperio, igual que cualquier país… igual que cada individuo en este mundo, siempre ha tenido, tiene y tendrá sus intereses. Y ¿es malo que las personas o los países tengan intereses? Por supuesto que no, lo importante es cuáles son esos intereses, si están destinados a mejorar la vida del mundo y a preservar la paz, o a destruir y asesinar de manera insensata.

Y si males mundiales como el terrorismo, el sida, la pobreza y el narcotráfico azotan sin compasión a los seres humanos ¿a quién debemos acudir, si no es a Estados Unidos? Hace dos días miraba las imágenes del desastre en nuestro querido departamento del Beni, gran parte de las carpas donde se refugian las familias que han perdido sus hogares ponen USAID, medio millón de dólares en vituallas vienen en cajas que ponen USAID, hemos visto en incontables ocasiones esas cajas ayudando a que quienes lo han perdido todo, no pierdan la esperanza. Y no recuerdo haber visto nunca que se haya cometido la estupidez (cometida por un payaso caribeño en el terremoto del Perú) de poner la foto de Bush en las cajas o en su contenido ¿Cuál el interés de Estados Unidos en este desastre? Simplemente cumplir con el papel que el mundo le reconoce y que se ha ganado por ser la primera potencia de la tierra, el papel del más fuerte que ayuda al más débil. Seguramente muchos izquierdosos que se creen esas porquerías de “mister danger” y toda la palabrería izquierdosa, se horrorizarán cuando lean esto, pero lamento comunicarles que es cierto.

Se ha hablado mucho sobre la injerencia de Norteamérica en la política antidrogas boliviana, y ciertamente es innegable que dicho país jugó un papel fundamental en dicha materia pero ¿acaso no es de nuestro interés luchar contra las drogas? Para algunos liberales como yo, el tema de la penalización de la droga va a dar el mismo resultado que dio la ley seca en el siglo pasado, pero si esa llega a ser la opinión del Estado boliviano ¿Por qué no plantearla ante el mundo y dejarnos de lloriqueos y dramas baratos contra Estado Unidos?

Si en la casa de su vecino existen gigantescos nidos de ratas y chulupis que llegan hasta su casa y se vuelven insoportables ¿no le propondría usted a su vecino ayudarle a exterminar las plagas? O si su vecino cría o entrena delincuentes que agreden a sus hijos cada vez que pueden ¿no exigiría usted una intervención de la policía en el asunto? ¿Cree usted que la inviolabilidad del domicilio de su vecino es razón suficiente para que éste se niegue a solucionar los problemas que se generan en su casa y que le afectan a usted de manera directa? En estos ejemplos puede existir la solución de que usted se cambie de casa, pero cuando hablamos de países no le podemos pedir a los Estados afectados que, si no les gusta el terrorismo o el narcotráfico, se cambien de planeta ¿o si?

De la misma forma en que usted desea que su familia viva en un barrio seguro y tranquilo, de la misma forma en que Bolivia busca desarrollo, tranquilidad y mejores días, Estados Unidos busca lo mismo. La diferencia es que, siendo una potencia, ellos pueden hacer algo más que desearlo, pueden asumir acciones destinadas a lograr todo eso que cada Estado busca para su sociedad y cada padre para su familia.

Sería ingenuo y totalmente absurdo pensar que, un país que desea mantener su barrio tranquilo y amigable, va a mellar la dignidad de sus vecinos para lograrlo. De esa forma lo único que conseguiría son enemigos y, le cuento, ni siquiera a la primera potencia del mundo le interesa tener enemigos.

Que la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Bolivia a veces ha sido un tanto torpe, puede ser. Que nuestros gobernantes aceptaron más participación extranjera de la que admiten el pudor y la vergüenza, ciertamente. Pero de que Norteamérica, igual que cualquier país, busca el bienestar de su sociedad y, para lograrlo, está lógicamente interesado en tener la mayor cantidad de amigos, no me cabe la menor duda. El resto de patrañas chavistas e islamistas son eso, un cúmulo de estupideces destinadas a encubrir, en el primer caso, a un pobre remedo de presidente que mantiene a su pueblo en la miseria, y en el segundo, a otros pobres países con grupos radicales que tienen al asesinato como un gran valor religioso.

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Terror al pueblo

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Eso es lo que, puedo asegurar, sienten el Presidente Morales y el resto de sus allegados. Es una sospecha que tuve desde el momento en que rechazaron la posibilidad de que el tema de la capitalidad fuera decidido en un referéndum nacional. Este asunto, junto con el de la distribución del IDH, que han sido los principales escollos para el MAS, podría haberlos resuelto el soberano a través de consultas populares “¿Por qué no resolverlos de esa manera y evitar que la oposición los utilice?” me pregunté. “Porque en realidad Evo Morales le teme al pueblo”, me respondí.

Pero con los últimos acontecimientos en torno al referéndum que impulsa Santa Cruz y a la intención de los prefectos opositores de iniciar tratativas para extender el ATPDEA e impulsar algún instrumento comercial con EEUU me convencí. Evo Morales, Álvaro García Linera y todos los “revolucionarios” que trabajan en palacio, le tienen terror a la expresión del pueblo en democracia.

Y en realidad me convencí de dos cosas. En primer lugar, cuando se dice “la voz del pueblo en democracia” Morales y su gobierno se refieren a los gritos de la masa en las calles, esas masas irracionales, a veces pagadas, que generalmente no saben por qué están en las calles, que se envalentonan por andar en grupo, que obedecen a consignas baratas y que no representan mas que a pequeños sectores de la ciudadanía. Nosotros nos referimos a la voz de la totalidad del pueblo, que acude a tomar decisiones en las urnas, que no necesita vociferar nada, que decide de acuerdo a lo que dicta su conciencia y que no tiene presiones sindicales encima. Esa es la verdadera voz del pueblo, que no es la voz de Dios, que también se puede equivocar pero que, en todo caso, tiene mayor autoridad para interpelar al Estado que unos cientos de personas vociferantes en las calles.

En segundo lugar, además de tener una idea torcida de la “expresión del pueblo en democracia”, Morales y sus compinches le temen a la idea correcta. Lo digo por las declaraciones del fin de semana de García Linera, quien fue un terrible defensor del carácter político del proceso constituyente, explicando así que las transgresiones a la norma del mismo no serían relevantes, pero que sin embargo a la hora de hablar del referéndum de Santa Cruz se declara defensor de la legalidad (mas papista que el papa) arguyendo que solamente el Congreso puede convocar a referéndums. También acuden a la legalidad cuando se trata de la posibilidad de que sean las prefecturas las que se encarguen de garantizar una extensión de largo aliento del ATPDEA ¡Que cínico señor Vicepresidente! ¿Acaso no sabe que así como la “emergencia de lo indígena” justifica los atropellos cometidos en el proceso constituyente, también la “emergencia autonómica” justifica convocar a una consulta democrática, y la “emergencia de la subsistencia” justifica que el más capaz negocie una extensión del ATPDEA?

Más allá de la evidente dualidad en la actuación gubernamental, acudiendo a la política o a la legalidad cuando le conviene, lo que sucede es que le temen a la democracia. Saben perfectamente que en el pueblo de Santa Cruz, en su referéndum, va a decidir la puesta en vigencia de su estatuto autonómico mayoritariamente. Y saben que con el solo hecho de ser convocado el referéndum por el prefecto (cosa que es perfectamente legal y legítima) su poder se debilita, porque su poder es el del centralismo. Y lo mismo con la extensión del ATPDEA, que sería aplaudida por las decenas de miles de obreros que dependen de sus exportaciones, pero que constituiría una afrenta al centralismo. Por eso el gobierno está exigiendo que todo pase por sus manos, que todo se siga concentrando en La Paz, las decisiones, las convocatorias, las negociaciones, todo el poder, el destino de vidas y haciendas tienen que pasar por sus escritorios. Y si para ello es necesario restringir a los cruceños el derecho a la participación en un asunto que les incumbe, o a los empresarios y trabajadores la posibilidad de garantizar sus fuentes de subsistencia, lo harán.

Porque Evo Morales adora el centralismo, por un lado para tenerlo todo bajo control, para asegurarse de mantener el dominio total de los asuntos del Estado, para que nada se pueda mover sin que el patrón lo autorice. Y por otro, porque teniendo en sus manos el control absoluto del poder, tiene el control absoluto de los bolivianos. La participación del pueblo en consultas populares y no de sus masas en las calles, y la dispersión del poder como garantía de no existencia de tiranías son, para Evo, una soberana patraña, pero además, son una patraña a la que teme profundamente, porque pondría en evidencia la total debilidad e ineptitud de su gobierno.

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Espionaje, derechos y conspiraciones

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El espionaje a través de pinchazos telefónicos, persecuciones o infiltración de agentes, es una labor que viola las libertades de los espiados y, por lo tanto, absolutamente arbitraria, que sin embargo, se vuelve legítima cuando se orienta única y exclusivamente a la investigación y desbaratamiento de mafias, bandas delictivas y actividades delincuenciales.

Uno de los principios básicos de las libertades constitucionales es que están limitadas por los fines que se persiguen en su ejercicio. Es así que los ciudadanos son libres de dedicarse al comercio siempre y cuando los bienes ofertados no sean ilegales. En general, todo ejercicio de derechos implica ciertas actividades que se deben realizar dentro del estricto cumplimiento de la ley. Sin embargo, notará usted lo absurdo que sería montar todo un operativo de espionaje contra un ciudadano, solamente por haber violado las reglas de tránsito. Por lo tanto, una aproximación a la que podemos llegar es que solamente cuando se trata de delitos graves (p.e. narcotráfico, asesinatos, asaltos, trata de blancas y niños, etc…) es legítimo utilizar los órganos de inteligencia del Estado para descubrir y encontrar a los delincuentes, puesto que ellos, al usar sus libertades para transgredir la ley, están poniéndolas en cuestión ante la sociedad.

Bien, por lo tanto, cualquier otra violación a las libertades de algún ciudadano constituyen, más bien, una violación a sus derechos humanos (ver art. 12 y13 de la Declaración Universal) puesto que es el Estado quien se hace responsable por las acciones de sus órganos de inteligencia.

En los últimos días hemos visto, con fotografías y todo, la forma en que alguien o álguienes dentro del gobierno pretende(n) ¿hacer la diferencia? ¿trabajar por el cambio? ¿impulsar la revolución democrática y cultural? Transgrediendo las libertades y derechos de ciudadanos que cumplen la labor de periodistas, autoridades departamentales y nacionales. Cuando el Prefecto Manfred Reyes Villa denunció que habían notado que gente de inteligencia del gobierno lo perseguía, todos se lanzaron sobre él y dijeron que eran puros inventos o paranoia prefectural. Sin embargo todo fue develado la semana pasada. Efectivamente hay persecución y espionaje, pero en base a criterios que aun no conocemos, puesto que se ha estado espiando incluso a gente del gobierno.

Perseguir y espiar a ciudadanos que piensan diferente, sean opositores o no, es una actividad típica de los regímenes totalitarios, recordemos la KGB de la URSS y las SS de la Alemania Nazi. Y alguien dirá: “se hacía lo mismo en gobiernos anteriores” o “en Estados Unidos los ciudadanos no pueden investigar sobre terrorismo y bombas caseras sin que el Estado se entere” y yo diré: Me importa un honorable rábano lo que se haya hecho en anteriores gobiernos o lo que se haga en EEUU, en España, en la China o en la isla Mauricio. Porque si vamos a utilizar el estúpido argumento de que “en los gobiernos anteriores e hacía” entonces ¿de qué cambio estamos hablando? Y si creemos que el hecho de que se haya hecho en anteriores gestiones o de que se lo haga en otros países es un justificativo válido, entonces debemos otorgarles la posibilidad de esgrimir el mismo justificativo a nuestros ex-gobernantes.

Creo que el punto y el tema de fondo del asunto es que, por orden de alguien o álguienes, el Estado boliviano, representado por el gobierno nacional (es decir el MAS) ha estado violando los derechos y libertades de ciudadanos que, según sabemos, no han cometido delito alguno. Y los defensores de derechos humanos: “bien gracias” y el defensor del pueblo: “bien gracias” y el alguien o los álguienes que dieron la orden de espionaje: “bien gracias”

Cuidado, que si acudimos a la lógica formal pura y dura, y sin mayores datos, podríamos especular: 1. Conspiración de los opositores: descartada puesto que a ellos los han espiado también 2. Conspiración del MAS contra la oposición: descartada porque también se ha espiado a gente del MAS 3. Conspiración opositora ajena a los prefectos: poco probable puesto que es un organismo de inteligencia del Estado 4. Conspiración de algún o algunos sectores del oficialismo: muy posible, puesto que es desde el Estado 5. ¿Contra quién? Pues no parece ser totalmente contra la oposición ni totalmente contra el gobierno ¿verdad?

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Legitimidad

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El tema de la institucionalidad atropellada por posturas legitimistas ha profundizado el proceso de desinstitucionalización llevando a Bolivia al borde de un nuevo proceso que yo llamo de “destrucción del Estado”

Hoy, permitimos que las ilegalidades sigan en pie porque supuestamente serían “legítimas” Un ejemplo de ello es que en el diálogo entre gobierno y prefectos, cuando se habla de “compatibilizar” los estatutos autonómicos y el texto constitucional del MAS, estamos hablando de compatibilizar ilegalidades (que supuestamente serían legítimas), que no por volverse muy compatibles serán menos ilegales. Seguramente, y si se logra compatibilizar dos textos con visiones muy diferentes de desarrollo, crearán el conjunto de mecanismos necesarios para que los ciudadanos “legalicemos” lo que, en buena letra, nunca debió llegar hasta donde ha llegado.

La legitimidad es una noción a la que se está acudiendo demasiado en la política boliviana. Hasta los ciudadanos la utilizan como justificativo para transgredir las leyes. Si un criminal es descubierto in-fraganti por uno o más ciudadanos, la Constitución le(s) confiere el poder de arrestarlo para llevarlo ante una autoridad competente. Pero si la experiencia nos demuestra que, en general, los criminales salen de la cárcel más fácilmente de lo que entran, y dado que el crimen cometido por este sujeto pudo haber sido atroz ¿cuán legítimo será que hagamos justicia por nuestras manos y lo linchemos?

El cultivo excedentario de coca es ilegal (p.e. caso Chapare) y el robo de vehículos también (p.e. caso Tiquipaya) pero cuando la “comunidad” se beneficia de dichas actividades ¿será legítimo emboscar a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes? y más bien, aunque legal ¿se podrá considerar ilegitimo el accionar de las instituciones del orden?


Creo que si bien escuchar la “voz del pueblo” o la opinión pública, es fundamental, no se debe asumir que las decisiones de la masa son leyes automáticas, puesto que la masa, como cualquier grupo de seres humanos, se puede equivocar ¿Qué haríamos si la masa exige que un gobierno democrático se transforme en totalitarismo?

Inicialmente, puede que crean que es una decisión correcta, hasta pueden pensar que es beneficioso para la sociedad, pero los líderes, como personas con mayor conocimiento y experiencia en los asuntos del Estado, tendrían la obligación de prevenir y proteger a la masa de decisiones que, aunque propias, podrían terminar perjudicando a la misma masa.

Si bien en muchas ocasiones hemos tenido que apelar a salidas políticas (por ser supuestamente legítimas) para evitar desastres mayores (p.e. octubre del 2003) es importante que estemos conscientes de que es negativo optar solamente por salidas políticas. Recordemos además que una de las principales fuentes de legitimidad es precisamente la legalidad. El año pasado Evo Morales dijo que las leyes no importaban, e instruyó a sus ministros a actuar sin esperar la aprobación de leyes que le otorguen legitimidad legal a sus acciones. En el primer lunes del diálogo entre Presidente y prefectos, el Prefecto de Oruro decía (sobre las transgresiones legales de la AC) que no era pertinente “estancarse” con la legalidad.

Entonces, y ya que la nueva y primordial fuente de legitimidad es el poder en las calles, estaríamos involucionando a la época en que el más fuerte era quien mandaba. Aunque en este caso estemos hablando de una fuerza colectiva, en los hechos, el Estado, como conjunto de instituciones y normas, estaría quedando en segundo plano frente al(los) movimiento(s) social(es) más fuerte(s). El poder de esas instituciones y normas es extinguido, a la vez por el ejercicio del verdadero poder en las calles y a la vez porque el resultado eficaz de ese nuevo poder hace que la gente no crea mas en el poder del Estado para garantizar la vida en sociedad. Así pues, de no tomar cartas en el asunto y continuar en el actual proceso, podríamos entrar en la fase de “destrucción del Estado”

La legitimidad no es, necesariamente, otorgada porque la masa así lo vocifere. Tenemos que entender que la voz del pueblo es fundamental, pero definitivamente no es la voz de Dios. Nadie tiene la voz de Dios, ni individual ni colectivamente, y siendo así, lo mejor es que combinemos las inquietudes del pueblo, con los conocimientos adquiridos en democracia, con los estudios de los profesionales e intelectuales, con la experiencia de los agentes económicos y en fin, un esfuerzo conjunto por entendernos mutuamente y encontrar una salida integral, legal y, consecuentemente, legítima del atolladero en el que estamos.

Composición gráfica: rodr160.blogspot.com

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