J. Lizandro Coca Olmos

Debo decir que conozco personas cercanas al partido de gobierno y/o a los autores del texto constitucional, y que tienen una idea bastante clara de los límites de esa autodeterminación propuesta. Según ellos, estaríamos hablando de autodeterminación dentro del marco de la Constitución Política del Estado, lo que implica que ni las instituciones ni las normas de las comunidades podrían transgredir los derechos en ella consagrados. Por lo demás, la definición de la estructura orgánica de sus instituciones, la forma de elección de sus autoridades, los castigos administrables a los criminales, etc. pasarán a ser prerrogativa de cada comunidad.

Más allá de las objeciones teóricas que se pueden hacer a esta propuesta, como el hecho de que solamente la democracia liberal, basada en el voto secreto, universal y directo, con pluralismo político e igualdad de oportunidades de elegir y ser elegido, y con libertad de expresión y asociación, puede otorgar al ciudadano la posibilidad de vivir en democracia libremente; o la crítica a la justicia comunitaria que, al no estar escrita, y auque se afirma que no contempla al asesinato como norma, implica, sin embargo, castigos que atentan contra la honra y la dignidad de las personas (p.e. chicotazos o vestir de mujeres a los corruptos) y está sujeta al estado de ánimo de los comunarios, lo que implica subjetividad pura; el mayor obstáculo para considerar, más que inviable, peligrosa la idea de autodeterminación, son los hechos.

Y es que es muy fácil tener las ideas claras en teoría, pero la realidad siempre termina por demostrar si esas teorías son correctas o no. Esto es algo que, dicho sea de paso, nunca terminan de aprender nuestros cerebritos “progresistas”. La prueba que tienen que pasar las teorías, para demostrar si sirven o no, es la prueba de la realidad; y si fallan en dicha prueba, necesariamente, y por honestidad intelectual, se tiene que volver a la mesa de diseño.

Ya la idea de autodeterminación, aun antes de ser aprobado o no el texto constitucional oficialista, está siendo puesta a prueba por los hechos en la vida diaria de muchas comunidades. Y en los hechos, frutos lógicos de la realidad, gran parte de las comunidades la están asumiendo como extraterritorialidad. Es decir, piensan que ninguna ley, ni la Constitución Política del Estado, tiene tuición sobre sus acciones y, consecuentemente, que ninguna institución de la república, ni la policía nacional, tiene el derecho de ser respetada dentro de sus territorios.

La realidad nos está mostrando que la autodeterminación teórica, planteada y promovida por muchos intelectuales nacionales y extranjeros, es muy distinta a la autodeterminación fáctica, vivida y vista por los bolivianos todos los días. La primera se somete a normas básicas de vida en sociedad, pero la segunda, que es la que verdaderamente importa, nos muestra que, en la percepción de las personas, las posibilidades son ilimitadas e incluyen, la tortura, el asesinato, la humillación y, en fin, el total desconocimiento de los derechos de los ciudadanos propios y extraños a las comunidades.

Esta es una de las muchas razones por las que ese texto constitucional está lejos de considerarse aceptable. ¿Esto implica que las comunidades indígenas nunca deberán poseer la cualidad de la autodeterminación? claro que no. La conclusión a la que deberíamos llegar es que dicha cualidad debe ser lograda a través de un proceso en el que se prepare a las colectividades para que, gradualmente, el Estado central les entregue mayores responsabilidades, a la vez que se establezcan mecanismos de vigilancia que garanticen la observancia de las normas básicas dentro del ejercicio de las responsabilidades entregadas; y solamente con la constatación de que la comunidad cumple a cabalidad y de manera responsable las nuevas funciones adquiridas, se podrá dar el siguiente paso con la cesión de responsabilidades más grandes, hasta llegar a la autodeterminación plena, tan apreciada, tan interesante, pero tan peligrosa si se la maneja alegremente y sin considerar el contexto y la percepción de las personas.

Ensayemos la hipótesis siguiente: Gana el “si” con (digamos) el 54% de los votos. ¿Quién puede negar que sea la mayoría? Nadie. Es una mayoría perfectamente legal y, por lo tanto, una victoria absolutamente legítima. Sin embargo, en una situación como la planteada, sería un error concentrar la atención en la parte victoriosa de la consulta. Finalmente ganaron y se dedicarán a festejar y a cantar glorias.

El punto aquí, es observar a la parte perdidosa del referéndum. Estamos hablando de (en el caso hipotético planteado) un 46% de bolivianos que están en contra de la implementación de dicho texto como ley fundamental, 46 de cada cien, 460 de cada mil, etc. que no se sentirán parte de ese “nuevo” Estado creado a través de todas las acciones (ilegales y sangrientas) ya conocidas.

Es aquí donde aparece el problema de los grados de legitimidad relativa. Porque si bien 54% es una mayoría que otorga legitimidad, 65% es, en relación a la cifra anterior, una mayoría con mayor grado de legitimidad, 75% en relación a 65% y más aun a 54%, es una mayoría aun con mucha más legitimidad. Esa es la razón por la que se peleó tanto por los dos tercios, porque en teoría, los dos tercios de los asambleístas representaban a los dos tercios de los votantes de la elección y, lógicamente, había más posibilidades de que en un referéndum constitucional, esos dos tercios representados se reflejen en la votación.

Pero el punto es que una mayoría de 50 mas uno, dos, tres o cuatro por ciento, es una mayoría miserable. Una mayoría miserable que puede perfectamente elegir a un Presidente, porque éste se va a quedar solamente por cinco años pero que, aunque puede, no debería definir por si sola, una nueva forma de vida institucional para el 100% de los bolivianos. De darse un resultado como el descrito, sería necesario que los victoriosos festejen menos y se pongan a pensar en las implicaciones de tener a casi la mitad del país disconforme.

Si embargo también existe la segunda opción por considerar. ¿Qué pasa si es el “no” es el que gana con un 50 mas uno, dos, tres o cuatro por ciento? La situación podría ser similar, la parte ganadora festejaría, cantaría glorias y, posiblemente, pretendería (igual que en la hipótesis anterior) ignorar a la parte perdidosa. Pero tenemos que ser lógicos, ésta también sería una victoria miserable, igual de miserable que la anterior. Lo cierto es que, de darse un resultado como este, también tendríamos que analizar y preocuparnos por la situación de quienes optaron por el “si” y perdieron, puesto que la hipótesis ensayada plantearía el problema de que casi la mitad de los bolivianos deseaban cambios en la Constitución Política del Estado.

En ninguno de los dos casos sería sensato que la parte ganadora se aferre a su mayoría miserable y rechace la posibilidad de intentos de generación de consensos a posteriori. ¿Cómo podríamos evitar tales situaciones? Construyendo los consensos antes de llegar a ellas.

He estado considerando seriamente las posibilidades (si… si… aun existen posibilidades) y poniéndome en el lugar de Evo Morales he llegado a la siguiente conclusión: El Presidente está preso de los demonios que él mismo ha creado discursivamente. Avanzar le causa problemas con una mitad del país y retroceder con la otra. Entonces, si Morales no desea llegar a ninguna de las dos hipótesis planteadas, la única solución es que obligue (si, ha leído bien, dije obligue) a los prefectos, líderes cívicos, líderes de movimientos sociales, asambleístas, líderes empresariales, partidos políticos, colegios de profesionales, pueblos indígenas (y si olvido a alguien… también) a dialogar, el tiempo que se necesario (en Sudáfrica tardaron años, pero lograron excelentes resultados) hasta que le presenten soluciones de consenso.

Lo único que tendría que hacer el Presidente es garantizar que estas personas puedan trabajar sin presiones de ningún tipo, y sentarse en palacio, gobernando tranquilo, hasta que le entreguen resultados. Su actitud tendría que ser “no se hace nada, hasta que me entreguen soluciones de consenso” Se que es difícil, pero no imposible y, lo más importante, es urgente.

Desde un principio, los prefectos opositores parecieron estorbar a la gestión de Evo Morales, es así que poco antes de cumplir un año de gobierno, surge el primer intento de derrocamiento (que puedo llamar muy cómodamente intento de golpe civil) al Prefecto Manfred Reyes Villa, que daría como resultado los terribles enfrentamientos del 11 de enero del 2007. Poco después, otro intento de golpe civil, esta vez al Prefecto de Tarija, Mario Cossio. Los movimientos sociales del gobierno no consiguieron, en ninguna de las dos ocasiones, que uno u otro Prefecto renunciara al cargo. Lo que si se consiguió fue, por un lado, confirmar la animadversión del gobierno hacia las prefecturas opositoras, y por el otro lado, un mayor crecimiento de las tensiones entre poderes regionales y poder central.

Algunos meses después, y fruto del retiro ilegal del tema de la capitalidad plena de las comisiones de la Asamblea Constituyente, la sociedad chuquisaqueña se movilizaría y pondría en aprietos a su Prefecto, que tenía que lidiar con la exigencia de la gente de apoyar una demanda regional y la exigencia de lealtad de parte del partido que le había invitado a candidatear (M.A.S.) Los conflictos dieron como resultado un primer intento de renuncia del Prefecto David Sánchez, pero que fue rechazado por el gobierno central. Posteriormente, y fruto de los enfrentamiento del 24 de noviembre del 2007, David Sánchez huye a La Paz, y con la ayuda de pastores de su iglesia, es conducido hasta la República del Perú, desde donde enviaría su renuncia definitiva al cargo de Prefecto de Chuquisaca.

Lo paradójico del hecho es que el gobierno de Evo Morales, que tanto se esforzó por deshacerse de un par de prefectos opositores, terminó perdiendo a uno de los suyos.

Las posibilidades para la prefectura de Chuquisaca.

El problema ahora es llenar un espacio que, en la percepción nacional, ha quedado vacío, para lo cual existen tres posibilidades:

1. Convocar a una nueva elección prefectural para el departamento de Chuquisaca.
2. Que el Presidente de la República elija y nombre a un nuevo Prefecto.
3. Mantener la estructura y personal heredado de David Sánchez.

Nueva elección prefectural.

Esta es, a mi juicio, la mejor salida posible. Permite mantener la legitimidad otorgada por el voto popular a los prefectos desde la última elección, y a la vez se respetan las reglas y normas institucionales del Estado boliviano.

Jurídicamente, la nueva elección estaría sustentada en la jurisprudencia sentada por la última elección nacional en la que, aun sin existir la figura de elección de prefectos por voto popular, a través de una interpretación constitucional hecha en base al derecho a la participación de los ciudadanos en asuntos públicos, hizo una convocatoria a elección de prefectos que no fue observada por el Tribunal Constitucional.

Políticamente hablando, aunque este procedimiento es el que goza de mayores índices de legitimidad, es el menos conveniente para el gobierno, puesto que fruto de la forma arbitraria en que se manejó el tema de la capitalidad, y de la represión sinsentido ejercitada contra los chuquisaqueños, existen altas probabilidades de que el nuevo prefecto sea opositor.

Nominación directa del Presidente.

El Presidente también puede elegir y nombrar directamente a un ciudadano para ocupar el cargo, ya que constitucionalmente sigue siendo su atribución. En realidad las elecciones prefecturales del año 2005 fueron una especie de consulta vinculante para que el Presidente posesionara a quien el pueblo había elegido como su autoridad departamental. Por lo tanto, esta solución no se encontraría fuera de la ley.

Sin embargo, la elección directa por parte del Presidente constituiría un retroceso en la profundización de la democracia, lograda con elecciones prefecturales, y en la ampliación de instancias de ejercicio del derecho de participación (consagrado en los artículos 1º y 4º de la C.P.E.) Consecuentemente, esta sería una solución con la única legitimidad de la ley y carente de la legitimidad conferida por la participación ciudadana.

(Esta es la razón por la que los bolivianos tenemos que ponerle límites a las salidas políticas. Porque cuando las soluciones dejan de ser fruto de decisiones equilibradas entre normativa y política, se crean chenk’os jurídicos como este)

Este procedimiento es el más conveniente para el gobierno porque le permite conservar el control de la plaza prefectural chuquisaqueña. Sin embargo (y ellos lo saben muy bien) quien se hiciera elegir por el gobierno central carecería de la legitimidad suficiente para asumir el cargo en una situación tan compleja como la actual, y se sentaría un pésimo precedente contra la profundización de la participación en democracia.

Mantener la administración de David Sánchez.

Esta es la solución más débil institucional y políticamente hablando. El secretario general de la Prefectura de Chuquisaca no puede asumir el cargo indefinidamente de manera interina, por lo tanto, tarde o temprano el Presidente tendría que posesionarlo y se enfrentaría a las dificultades de la segunda solución.

Por otro lado, aunque decidieran mantener un interinato indefinido, la administración departamental seguiría careciendo de la legitimidad otorgada por el voto popular.

———————————–

Olvidando que la política es como un partido de ajedrez en el que con cada movida se puede estar definiendo el final del juego, además de la más legítima, la solución más natural, lógica y racional, es permitir que los chuquisaqueños elijan a su nueva autoridad prefectural.