J. Lizandro Coca Olmos

Ninguno de los departamentos del país debe detenerse. Si el gobierno de Evo Morales quiere diálogo tendrá que anular todo hecho autoritario consumado hasta hoy, ya no basta con aceptar la presencia de mediadores (tarde marqués) Desde mi criterio, lo que se requeriría para construir un escenario de diálogo hoy, pasaría por muchos aspectos: inicialmente nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional (sin cercos y siguiendo la normativa), restituir la imparcialidad de la Corte Nacional Electoral (adiós J. L. Exeni) nombrando a todos sus vocales (sin cercos y según normas), obviamente anular todo lo aprobado en los cierres temporales del congreso perpetrados por los grupos de choque del MAS, y realizar, con ayuda de organismos internacionales, una auditoria a los sistemas y bases de datos de la Corte Nacional Electoral.

¿Qué hacer con el proceso constituyente? Para mí existen dos opciones: 1. Declarar lo hecho en la Asamblea Constituyente Proceso pre-constituyente de algunos sectores del país, realizar una nueva elección de asambleístas, y reiniciar un proceso nuevo. Todo dentro del marco de una ley de convocatoria a prueba de bobos y tramposos, tan clara y bien redactada, que impida que se repitan estupideces como la anulación de los dos tercios. 2. Introducir algunas de las propuestas del texto constitucional del MAS y sus grupos de choque, previamente consensuadas (sin cercos y respetando la normativa), en la actual constitución a través del proceso de reforma parcial.

Pero lo que he escrito, desde “Ninguno” hasta “parcial.” seguramente parecerá inaceptable a los del gobierno. Igual de inaceptable que sería detener los procesos de referéndums de las regiones sin el previo cumplimiento de las condiciones antes descritas. Por cierto, habría que ser muy idiota para pensar que estas condiciones son imposiciones de la radicalidad o la inflexibilidad. En realidad es el gobierno mismo el que se ha autoimpuesto condiciones cada vez más difíciles de cumplir, a través de la falta de credibilidad y la desconfianza que ha causado con sus actos. En la Biblia dice “por sus hechos los conoceréis” y por sus hechos el gobierno ha demostrado que no es de fiar, que con ellos hay que actuar como uno lo haría frente a un conocido estafador a quien tiene que prestarle dinero, cuidándose de todas las formas legales posibles, y exigiendo todas las garantías y condiciones necesarias para intentar, aun con posibilidades de fracaso, salir del negocio sin ser trasquilado… otra vez.

Insisto en que los referéndums de las regiones son legales y legítimos, y son un avance hacia la democracia participativa. Notarán que ninguna de las regiones le está pidiendo al pueblo salir a cerrar el congreso, bloquear calles o cosas similares. A diferencia de las “iniciativas populares” de los grupos de choque del MAS, que no son otra cosa que la imposición de minorías movilizadas sobre la gran mayoría del pueblo boliviano, los procesos participativos de las regiones son impulsados por verdaderas iniciativas ciudadanas que no pretenden imponer su voluntad a nadie, sino que buscan, dentro del marco de la participación de todos, con un espíritu democrático que no discrimina por color, idioma, procedencia ni ningún otro aspecto, que la ciudadanía decida si acepta o rechaza las iniciativas de la misma ciudadanía.

Cuando los grupos de choque del MAS se movilizan, utilizan el autoritarismo, ignoran a resto de los bolivianos, e imponen su voluntad por la fuerza, sin consultar a sus compatriotas. Cuando se pone en práctica la iniciativa ciudadana, una parte del pueblo pone a consideración de todo el pueblo una idea, y entre todos, de manera participativa y sin discriminar ni ignorar a nadie, deciden si la idea es buena o no. Usted elige, el autoritarismo avasallando a la democracia, o la democracia como forma de vida.

Eso de “Constitucional” implica, precisamente, que tanto la Constitución Política del Estado como las leyes de la república hicieron posible, dentro del marco de la legalidad y de nuestra democracia liberal furiosamente incluyente, que el ciudadano Juan Evo Morales Ayma pudiese sentarse en LA silla de Palacio Quemado.

Esa posibilidad que se le brinda a cualquier ciudadano de Bolivia, y que se llama igualdad de oportunidades de elegir y ser elegidos, ya está consagrada en la Constitución vigente, garantizada y puesta en práctica. Esa igualdad es destruida por el texto constitucional por el que el gobierno hace campaña para el “si”

En el artículo 5 de dicho texto dice: II. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales… Lo que, haciendo un análisis frío y a causa de su ambigüedad, da lugar a varias interpretaciones. Aquí van tres de ellas: 1. Que absolutamente todos los funcionarios de gobierno, prefectos, presidente, congresistas, jueces, hasta el último funcionario público debe, inexcusablemente, saber hablar dos idiomas oficiales (p.e. español y aymara) 2. Que los gobiernos nacional y departamentales deben redactar sus documentos oficiales necesariamente en dos idiomas oficiales. 3. Que tanto el gobierno nacional como los departamentales deben contar con uno o varios traductores que conozcan dos idiomas oficiales para poder comunicarse con los ciudadanos que no entienden español.

Si las interpretaciones 2 y/o 3 fueran las correctas, sería una interesante señal hacia la mayor inclusión. La interpretación 1, sin embargo, destruiría la igualdad de oportunidades antes mencionada y gracias a la que Morales es hoy Presidente de Bolivia. Alguien me dirá “es solamente una interpretación” yo responderé “¿quién nos garantiza que la peor de las interpretaciones no sea la elegida?”

Pero indagando más, dentro del texto constitucional de los movimientos sociales encontramos la confirmación a nuestros peores temores; en su artículo 235 dice: Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: […] 7.Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Lo que, a la vez que aclara, complica aun más las cosas puesto que los que cumplen “funciones públicas” son “funcionarios públicos” y dentro del Estatuto del Funcionario Público dice: 3º (ÁMBITO DE APLICACIÖN) I. El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. II. Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas. Además en el artículo 4º (SERVIDOR PÚBLICO). Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término de servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.

Lo que implica, en términos prácticos y más sucinta y claramente: Ningún cargo electivo (presidencia, vicepresidencia, alcaldía, prefectura, diputaciones, senadurías), o designado (jueces del órgano judicial y burócratas del Estado en general), ni en el caso de las universidades por más autónomas que sean (administrativos y docentes), ni los militares y policías, ni los maestros y los médicos, ni aunque sus sueldos dependan de la cooperación internacional, podrán ser desempeñados por ciudadanos que no hablen al menos dos idiomas oficiales del texto constitucional del MAS y sus movimientos sociales.

Esto señores, tiene un nombre, discriminación por idioma y destrucción de igualdad de oportunidades de elegir y ser elegidos.