J. Lizandro Coca Olmos

Claro, a Potosí y a Cochabamba les sobra plata, tan es así, que son las regiones con menor índice de pobreza, con mayores oportunidades de empleo y generación de riqueza, y con la mejor infraestructura civil del país. Todos los bolivianos ambicionan migrar a Cochabamba o Potosí porque, de lograrlo, sus futuros están asegurados. Y yo creo que si nos sobra tanta plata como dicen nuestros prefectos, deberíamos crear agencias de cooperación para los países menos afortunados que podemos encontrar por doquier en África. Dos poderosas regiones como las nuestras, hartas de inversión y riqueza, sin ninguna necesidad, con dinero para botar, deberíamos financiar proyectos de desarrollo para sacar a los países africanos del atraso.

Pero más allá del sarcasmo, creo que si Puente fuera tan honesto como me habían hecho creer los cochabambinos (o él les había hecho creer a ellos), lo que debería haber dicho es que no va a hacer ningún reclamo por los recursos del IDH porque él no está en esa prefectura para defender los intereses de la región ni mucho menos, sino para neutralizar a Cochabamba como región contestataria y de esa forma defender a su gobierno. Debió haber dicho: “Yo soy un Prefecto nombrado por el Presidente Morales, es obvio que no voy a hacer nada que perjudique la imagen y la gestión del Presidente Morales. Estoy aquí como una garantía de que desde Cochabamba no va a tener más problemas” Eso hubiera sido un acto de verdadera honestidad.

Otra cosa que debería haber dicho a los periodistas, esos sucios y vendidos, es: “Mi gestión va a ser diametralmente distinta a la de Reyes Villa, olvídense de caminos, riego y puentes, el único Puente que van a tener conmigo soy yo. Cochabamba ya ha manifestado que esas gestiones ejecutivas son incorrectas, así que no se preocupen, si nos ven entregar obras será porque las inició la anterior gestión, y no porque nosotros tengamos la intención de entrar en la dinámica del obrismo” por otro lado, un elemento muy importante que debería haber destacado es a lo que se va a dedicar porque, ya que nos sobra plata, por lo tanto no hay pobreza ni desempleo, porque hay demasiado desarrollo y riqueza en nuestra región, y consecuentemente no nos hace falta nada, entonces a alguna cosa se tiene que dedicar el nuevo Prefecto. En este sentido la declaración debería haber sido más o menos así: “Nosotros nos vamos a dedicar a neutralizar a los posibles elementos que pudieran constituirse en piedras en el zapato para nuestro Presidente. Empezando por el anterior prefecto, a quien nos encargaremos de inventarle los actos de corrupción que fueran necesarios, y las negligencias suficientes, de tal manera que podamos terminar de convencer a Cochabamba de que los únicos que merecen sus favores somos nosotros. Entonces, nuestra principal labor se resumirá en echar barro a gestiones anteriores, y en constituirnos en una prefectura del oficialismo, muy sumisa y complaciente, pero absolutamente contraria a las regiones opositoras” Cosa que, ahora que el Presidente decidió ser un autócrata, gobernando por decreto como cualquier dictador, violando las leyes a placer y concentrando el poder del gobierno en un solo órgano, es urgentemente necesaria ¿Qué mejor que un grupículo de sujetos en las prefecturas, justificando que el Presidente sea impunemente poderoso?

Después de una declaración como esta, uno podría haber admitido e incluso admirado la honestidad que supuestamente caracterizaba a Rafael Puente. Porque en resumidas cuentas eso es lo que va a suceder de hoy en adelante en Cochabamba, lo mismo que en Potosí. Claro que no hay que quejarse demasiado. Después de todo, más Potosí que Cochabamba, pero ambos, votaron por lo que están recibiendo. Como ambas regiones deben estar muy bien en sus índices de desarrollo, es de esperar que los ciudadanos continúen contentos y no se quejen del “nuevo estilo” prefectural. Los únicos con moral para quejarnos somos quienes le dijimos “no” al Presidente y sus acólitos.

En Bolivia estamos viviendo un sinnúmero de tiranías, o una multitiranía. Todos utilizan supuestamente la ley, todos pretenden que la aplican, todos la interpretan a su propia manera, y todos, muy especialmente después de los resultados del referéndum del 10 de agosto, se creen con la suficiente legitimidad como para imponer a los demás su propia interpretación de la ley. Pero cuando dicen interpretar la ley, ni siquiera se refieren solamente a las normas constitucionales sino, en muchas ocasiones, a sus propias nociones de lo que supuestamente sería “justo”, a pesar de no estar plasmado en ninguna ley.

Entonces tenemos a esos colectivos egoístas llamados movimientos sociales, exigiendo la aprobación de un texto constitucional por decreto, seguramente piensan que aunque no es legal es “justo” y “legítimo” hacerlo. A nombre de la justicia y la legitimidad están dispuestos a impulsar cualquier barbaridad. Lo cierto es que si el gobierno hiciera tal cosa, estaría confirmando su vocación por la dictadura, autocracia, totalitarismo, como quieran llamarle. Su rechazo a las “sutilezas” de la constitucionalidad y la ley se ha puesto en evidencia desde hace mucho pero ¿poner en vigencia una constitución por decreto? esa sería la última señal necesaria para decirles en sus caras que son unos dictadores. Alguien, horrorizado me dirá ¿cómo podrías decirle dictador a alguien que ha sido ratificado con más de dos tercios de la votación nacional? ni ese porcentaje de ratificación, ni el resultado de las elecciones de 2005 implicaron, implican e implicarán nunca la concesión de cheque en blanco alguno en favor de Evo Morales, aun si en un referéndum nacional, el pueblo respondiera mayoritariamente “si” a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con concederle a Evo Morales poderes absolutos para gobernar? La democracia en un Estado de Derecho no se trata solamente de elecciones y números, no son los porcentajes y las masas vociferantes lo que hace a un gobierno justo o legítimo. Ciertamente el mejor mecanismo para elegir autoridades es el voto secreto, universal y directo, pero ello no es todo, es solamente un método, entre otros mecanismos e instituciones, para evitar la consolidación de la dictadura y la esclavitud. Junto con los votos y las elecciones y los números y porcentajes, están los principios sobre los cuales ha sido constituida nuestra república, están los principios sobre los que descansan las naciones civilizadas, están los derechos del hombre y los derechos humanos, las cartas de organizaciones promotoras de la paz (como la ONU), están toda la jurisprudencia constitucional y el constitucionalismo comparado, están los derechos y libertades por los que los seres humanos hemos luchado durante siglos y que las constituciones, las normas y las instituciones lo único que hacen es reconocer. Todo este cúmulo de antecedentes, toda esta construcción de la humanidad, todos los logros de los ciudadanos del mundo durante la historia de la luchas por la libertad, no pueden ser abolidos por ningún gobernante aunque este obtuviera el 100% de los sufragios a su favor. Evo Morales solamente es un administrador de los negocios del Estado, es un gerente que hemos contratado por tiempo limitado para administrar nuestros bienes, y cuyas acciones deben realizarse dentro del marco de la Constitución y las leyes, de lo contrario está siendo corrupto y está faltado a los principios de vida de la República de Bolivia.

Lo mismo con otras autoridades. Lo Prefectos tampoco son más que administradores de los intereses regionales. Si sus acciones pasan por alto la ley, entonces están cometiendo actos de corrupción.

Y lamentablemente, con más de un año sin Tribunal Constitucional, el Presidente y el resto de las autoridades están actuando al margen de la ley, están dejando de lado los principios del Estado de Derecho, están gobernando de hecho, de acuerdo a sus criterios y sus caprichos, y se están convirtiendo, poco a poco, en los dictadorcillos de cada republiqueta. Los ciudadanos, muy ocupados en tomar partido por sus caudillos, están permitiendo que esto suceda, que se destruya el Estado, y que en lugar de estar sometidos a las leyes, estemos sometidos a caprichos de personas.

Sin embargo, Cochabamba como pieza clave de equilibro de poder, o como obstáculo para la agudización de la violencia, o como crisol de la violencia atenuada, o como tema pendiente a resolver antes de seguir adelante, ya ha definido su posición a favor del Presidente Morales, hecho que aparentemente ha causado un cambio de estrategia ¿o un cambio en la geoestrategia?

De los cinco departamentos que más rechazan a Morales, y que además decidieron ratificar el mandato de sus prefectos (todos opositores al MAS), Santa Cruz está geográficamente en medio, es el departamento económicamente más poderoso, el demográfica y geográficamente más grande, el que mejor ha logrado articular sus movimientos ciudadanos, y el que, casi sin querer y por una emergencia del destino, está liderizando el movimiento autonómico y la defensa por la civilización occidental. Y no es que antes no haya sido así, Santa Cruz siempre fue la ciudad líder en esta contienda, pero la diferencia es que antes Cochabamba se interponía en el camino de La Paz contra Santa Cruz o viceversa, y ahora se ha convertido en cabeza de playa del masismo.

Entonces, la nueva estrategia es destruir Santa Cruz. Una semana ha bastado para comprobar que el discursito conciliador de Evo Morales no era más que una pose para iniciar esta nueva estrategia. Todo el occidente, embelesado con el indio Presidente, creyente de toda propaganda y discurso, cargado de prejuicios y mentiras contra Santa Cruz, convencido de que los culpables de nuestras miserias necesariamente tienen que ser otros y no nosotros, encandilado con las falsas caras de buenos tipos que ponen los del gobierno, y contaminado con el sinnúmero de boberías que la vulgata marxista ha sabido divulgar muy bien, pretende vivir en paz y llevar adelante sus actividades mientras el MAS destruye a Santa Cruz. Anulando a los cruceños, se rompe definitivamente al bloque opositor, y el resto de los departamentos, más pequeños y ya divididos, no representarán gran dificultad para continuar con el proceso de involución de la República de Bolivia.

Es por eso que no debe extrañarnos la continuidad y muy probable profundización de la violencia en Santa Cruz. La violencia y el caos son las mejores armas para destruir sociedades, aumentan las inseguridades, incrementan la delincuencia, generan desconfianza entre ciudadanos, ralentizan las dinámicas económicas, destruyen las instituciones y la política, y en fin, exactamente lo que necesitan Evo Morales y sus amigos para hacerse con Santa Cruz, y con ella, apoderarse de todo el país ya sin posibilidades de oposición por muchos años.

Mientras tanto, occidente, con la mano extendida hacia el Estado, con su gorra del “che” y su wiphala, se regodea en su letargo y en la autocomplacencia de no ser culpable de su estado, sonríe a la idea de no necesitar esforzarse por nada, y mira, como si fueran los mejores padres que ha tenido, a los sujetos que sutilmente le están quitando la libertad.

El Presidente y los prefectos, como líderes políticos, podrán tener muchos defectos, pero debemos admitir que, por el momento, eso son los líderes que tenemos, demostrado esto el domingo diez, admitido y aceptado, tendremos que intentar, una vez más, obligarles a convertirse en factores aglutinadores de la bolivianidad y no en elementos de confrontación.

Lo primero que deberán hacer es restituir el Tribunal Constitucional, como órgano funamental dentro de la vida social boliviana, y sobre todo, dentro de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado. Y lo diré nuevamente: la función de las constituciones es proteger a los ciudadanos de los abusos de los poderosos y, consecuentemente, un Tribunal Constitucional se encarga de hacer efectiva esa protección. Por lo tanto, es indispensable que todos quienes se han estado llenando las bocas con la palabra “legalidad” se unan al clamor, que por los temas políticos es opacado, por la restitución de dicha institución. Obviamente que todas las partes involucradas deberán someterse a los dictámenes del Tribunal, que por la acumulación de causas y por la locura política reciente, sentenciará en contra de moros y cristianos, pero a favor de los ciudadanos y del retorno a la institucionalidad. Si no lo hacen, estarán probando que lo suyo no son más que poses para quedar bien.

En segundo lugar, es necesario que los defensores de la actual Constitución Política asumamos, con todo el dolor en nuestras almas, que el cambio constitucional ya es irreversible. Se han construido demasiadas expectativas dentro del imaginario de los bolivianos en torno al cambio de constitución, falsas todas ellas, pero que no por ser falsas dejan de estar ahí. Pero paralelamente, es necesario que los creadores y defensores del texto constitucional propuesto asuman, por un lado, que su proceso de aprobación implicó demasiado autoritarismo, confrontación y hasta muertes para ser enviado a un referéndum nacional. Y por otro lado, que dicho texto, como norma, contiene elementos de exclusión social, violaciones a la libertad individual, eliminación de la bolivianidad como identificador nacional, destrucción de la igualdad jurídica y democrática, y muchos artículos que abren las puertas a interpretaciones que, siendo mal usadas, pueden decantar en la utilización de las instituciones del Estado para la excesiva concentración de poder por parte de algún grupo político. Lo que se tendrá que hacer entonces, y si el discurso conciliador no es pura pose, será incluir el texto diseñado en un proceso preconstituyente de unos seis meses de duración, en el que se busque la mayor y mejor participación de los ciudadanos, y convocar a una nueva asamblea constituyente que no debería durar más de seis meses. Durante todo este proceso, tendremos que poner en el congelador a nuestro radicales y mantener el supuesto espiritu conciliador que ha aparecido magicamente. El proceso autonómico y el tema de la capitalidad, necesariamente deberán ser incluidos en el debate constitucional. Además se debe definir claramente si el “poder constituyente” tendrá límites dentro del poder constituido (Congreso, Tribunal Constitucional, leyes, etc.) o como dicta uno de los autores favoritos de García Linera, su poder deberá ser incontenible, y en tal caso deberemos anular desde el Acta de Independencia de la República de Bolivia, y debatir desde cero incluso la posibilidad de seguir siendo o no un solo país.

Hay muchos más temas que se deben poner sobre la mesa, pero solamente con estos dos, nuestros políticos podrán dar verdaderas señales de cambio, de cambio de actitud, de cambio de la confrontación a la concertación, de cambio de la arbitrariedad a la institucionalidad, de cambio de la demagogia a la honestidad, de cambio del interés por el poder al interes en el servicio público, de cambio del afan excluyente al espiritu incluyente, de cambio del despeñadero al buen camino… ese sería el inicio del verdadero camino del cambio.