¿Tributar, para qué?

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Y ya estoy escuchando los argumentos chovinistas sobre que no tributar es hacerle daño a la “patria”, que no pagar impuestos es “robarle” al Estado, que al no contribuir se está engañando y siendo insolidario con la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera.

Sin embargo, en todas esas justificaciones hay mucho del libreto enseñado y aprendido de memoria y sin fundamentos desde, y a partir de, la educación y la propaganda estadólatra.

El dinero de los impuestos no es del Estado, sino el fruto del trabajo y el esfuerzo de los ciudadanos, que se entrega al Estado a cambio de algo. Es decir, que es el fruto de un acuerdo preestablecido (léase impuesto, no consentido) que se adquiere por la sola razón de nacer en determinado país, en el que a los individuos se nos arrebata parte de nuestro trabajo a cambio de que el Estado nos garantice la protección de nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Un acuerdo que sólo tiene validez cuando ambas partes cumplen con su compromiso.

El gobierno boliviano, que es el responsable de que el Estado cumpla ese compromiso con la gente, no ha realizado su labor correctamente, por los siguientes hechos:

1) La inseguridad ciudadana se ha incrementado horrorosamente en los últimos años, al extremo de que hoy nuestros hijos pueden ser víctimas de la trata y tráfico de personas, con fines de explotación laboral, sexual o tráfico de órganos. Estos crímenes, claramente vulneran aquella supuesta protección de vida y libertad que el gobierno boliviano debería garantizar.

2) Los robos y los asaltos se han convertido en moneda común en nuestro país. Los primeros atentan contra la protección de la propiedad, y los segundos, además de la propiedad, violentan la integridad física, y hasta la vida de las personas, poniendo nuevamente en cuestión la función que el Estado debe cumplir a cambio de los impuestos de los ciudadanos.

3) La seguridad jurídica para las inversiones y negocios se ve constantemente amenazada por grupos corporativos que a fuerza de presiones, que pueden llegar a la práctica de secuestros y torturas (otra vez la vida, la libertad y la integridad comprometidas), consiguen que aquello por lo que la gente ha trabajado y empeñado su esfuerzo, talento y trabajo, les sea entregado sin más, de manera inmerecida y por lo tanto inmoral.

El momento en que el Estado, por responsabilidad del gobierno de turno, deja de cumplir con su parte del acuerdo ¿tiene algún sentido hacer el tonto cumpliéndolo unilateralmente? Creo que no.

Creo que no tiene sentido pagar tributos cuando el Estado no nos garantiza caminar seguros por las calles, dejar solas nuestras casas sin el temor a que sean robadas, ni a nuestros hijos sin miedo de que sean raptados. Eso es permitir que nos estafen.

Al igual que no hay razón para pagar alumbrado público, cada mes, en cada factura de luz, cuando nuestras calles están a obscuras regularmente porque hay escasez de energía eléctrica. Ésta es otra estafa.

No tiene sentido pagar peajes en los retenes, cuando las calles parecen bombardeadas por aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ni cuando existen caminos como el de los Yungas de La Paz, donde viajar es poco menos que enfrentarse a una ruleta rusa. Esto es ser estafado.

¿Por qué pagar impuestos o peajes, cuando uno puede ser asaltado y asesinado durante un viaje a Copacabana?

Pagar impuestos, en el actual estado de cosas y hablando popularmente, es lo equivalente a dejarse mamar… mientras compran aviones, helicópteros y satélites.

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Consecuencia o inconsecuencia

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“Con la misma vara con que midáis seréis medido” Ésta es una máxima que todos deberíamos tener muy en cuenta a la hora de emitir algún juicio de valor respecto de alguien o algo. La misma severidad o flexibilidad, los mismos principios que aplicamos para calificar, deben ser aquellos con los que aceptaríamos ser calificados.

En reiteradas oportunidades he reclamado al gobierno se respete y aplique el principio de presunción de inocencia que consiste, simple y llanamente, en que mientras no exista demostración incontrovertible basada en pruebas, de la comisión de un delito por alguna persona, se presume que ésta es inocente.

Lo he reclamado siempre que he visto, escuchado o leído que algún representante del gobierno calificaba de delincuentes, golpistas, separatistas, corruptos y otras cosas, a un sinnúmero de personas que en este momento sería difícil listar.

Pero el Presidente Morales, el Vicepresidente García, ministros y otros funcionarios, no han parado, ni aún hoy, de acusar sin pruebas a las personas, sin proceso ni sentencia previa, demostrando su nula vocación por la libertad, la democracia y los derechos ciudadanos.

Los procesos llevados adelante sobre la base de esa figura cavernaria y dictatorial llamada “desacato”, y las detenciones preventivas por años (más de 3 años ya está en la cárcel Leopoldo Fernández sin sentencia), muestran el carácter alejado de la justicia y los Derechos Humanos de quienes nos gobiernan.

No sólo eso, sino que han promovido, aprobado y puesto en práctica, el artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que vulnera el principio de presunción de inocencia al instituir penas contra funcionarios antes de que se les demuestre nada. Obteniéndose como resultado un conjunto de Alcaldes y Gobernadores elegidos por la gente, a quienes se los aleja de sus cargos sin que si quiera un tribunal de primera instancia haya sentenciado culpabilidad.

Cuando una revista brasilera acusa a Juan Ramón Quintana y Jessica Jordán de haberse relacionado con un capo del narcotráfico, quienes somos escrupulosos en el respeto del principio de presunción de inocencia, debemos afirmar que estas dos autoridades, mientras no se les demuestre culpabilidad en un proceso judicial limpio e imparcial, son tan inocentes como Leopoldo Fernández, Mario Cossio, Ernesto Suárez y otros.

Pero ¿cuál la posición de la gente del gobierno en ese mismo sentido? He escuchado a la Senadora Montaño calificar de “refugio de delincuentes” a la Embajada brasilera, por tener como refugiado al Senador Pinto, cuando a éste no se le ha demostrado culpabilidad en delito alguno. Entre tanto, sus compañeros de partido Quintana y Jordán son los felices beneficiarios de la presunción de inocencia. ¿Deberíamos usar en Quintana la vara que Montaño usa contra Pinto?

Tal parece que el manejo del poder, cuando se lo hace con afanes viles, resulta en “para mis amigos libertad, para mis enemigos la Ley”, o en otros casos “para mis amigos la Ley, para mis enemigos la arbitrariedad”, o cualquier otra opción que beneficie a los amigos y destruya a los enemigos.

Aplicar los mismos principios éticos, políticos y morales en todos los casos, más allá de las simpatías o antipatías, es usar la misma vara para medir lejanos y afines, y es llamado consecuencia con los principios. Es moralmente correcto y políticamente ético.

Aplicar lo que nos favorece cuando nos conviene y nos da la gana, es impostura, inmoralidad e inconsecuencia. Politiquería asquerosa y miserable.

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Democracia no es Presidente

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Al menos para los liberales, la democracia es un sistema de gobierno opuesto a todo tipo de dictadura (incluida la de la mayoría), en el que a través del voto secreto, universal y directo, y en una competencia con pluralismo político, los ciudadanos eligen a quienes deberán administrar su Estado dentro del marco del respeto a los principios de libertad individual, libre expresión, separación y equilibrio de poderes, generalidad de la Ley e igualdad ante ésta, y donde los individuos están solamente sometidos a las leyes y no a personas. Comúnmente, todo ello está sustentado y complementado por una Constitución limitadora del poder público.

Entonces ¿cuándo se pierde la democracia? Cuando alguno o varios de estos elementos faltan o se encuentran en peligro y, al revés, la democracia persiste cuando todos ellos están presentes.

En Latinoamérica parecemos haber reducido la democracia, de ser un sistema con todos esos elementos en juego, a la mera existencia de un Presidente elegido por voto popular.

Sólo así se puede explicar que cuando un Presidente es retirado de su cargo lluevan las protestas y las acusaciones de “golpe de Estado” ¿Quién protesta y lanza las mismas diatribas cuando la cabeza de un Poder Judicial o algún miembro del Legislativo es suspendido de sus funciones?, ¿acaso esos dos poderes públicos no ostentan la misma jerarquía que el Ejecutivo?

Presidente no es sinónimo de democracia, así como no lo son diputados, senadores, magistrados y jueces, éstos son tan sólo funcionarios. En la definición precedente no se menciona a ninguna autoridad precisamente porque la democracia va más allá de las personas y sus cargos, constituyéndose en un conjunto de valores, garantías y candados que hacen a la libertad y los derechos de las personas.

Ya sea que a determinada autoridad se la retire de su cargo o no, la clave para saber si la democracia sigue en pie está en verificar si los elementos que la componen continúan vigentes.

Así, cuando un gobernante ha sido suspendido, se debe verificar si para ello se cumplieron las rigurosidades de la Ley. En casos como los de Abdalá Bucaram, Manuel Zelaya o Fernando Lugo, se debe revisar si se cumplió lo que manda la Constitución antes de juzgar el hecho.

Luego de verificado aquello, se debe constatar si efectivamente los elementos mencionados arriba siguen presentes. Por ejemplo, si un nuevo Presidente, fruto de un proceso institucional de suspensión del anterior, suprime alguna de las garantías, los derechos o la libertad, entonces se tratará de un golpe al sistema democrático.

Y esto puede suceder incluso cuando un Presidente elegido por la gente permanece en su cargo.

¿Qué pasó con Fujimori? Era un Presidente elegido por el voto, que cerró el Parlamento peruano y en cuyo gobierno se efectuaron innumerables vulneraciones a los Derechos Humanos. La democracia, entonces, no existía más que como “Presidente elegido por el voto”

¿Qué pasa con Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez? Son Presidentes elegidos por el voto, pero la cualidad democrática de sus gobiernos está en duda por los ataques contra la libre expresión, el monopolio y concentración del poder, y la persecución política.

¿Qué pasa con Federico Franco? Al parecer el proceso de suspensión de Lugo se ajustó al mandato constitucional, pero habrá que ver si el resto de elementos que componen la democracia son fielmente respetados, tanto para los ciudadanos como para la oposición política. Entonces la democracia seguirá en pie.

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4 de Mayo: Una Consulta Legal al Pueblo Cruceño

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El debate ya estaba sobre la mesa y, sin Tribunal Constitucional, todos se manifestaban respecto de la legalidad o ilegalidad del referéndum que Santa Cruz llevaría adelante el 4 de mayo. El Presidente, el Vicepresidente, los ministros y parlamentarios, los líderes cívicos y de sectores sociales y, por supuesto, los constitucionalistas quienes, probablemente, después del Tribunal Constitucional, deberían haber sido los más escuchados.

En este documento se  exponen las razones por las que el referéndum autonómico se considera legal, sobre la base de los argumentos jurídicos del constitucionalista y ex-presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Willman Durán Ribera, y con varias interpretaciones y argumentaciones adicionales.

Leer el documento completo aquí.

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