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Fidel y los modelos económicos
El ex presidente de facto de Cuba, y líder de la revolución de 1959, Fidel Castro, había admitido (o al menos es lo que hizo entender a la opinión pública mundial), que el modelo económico de planificación estatal no funcionaba ni para la propia Cuba.
“el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros” dijo en entrevista con The Atlantic, dirigida por el entrevistador Jeffrey Goldberg y la periodista Julia Sweig.
Lo que la frase dio a entender fue que Castro reconocía el fracaso del modelo económico comunista de planificación estatal, que apoyaba las reformas que, de manera gradual, se han venido ejecutando en Cuba desde que su hermano, Raúl Castro, asumió la presidencia de facto, y que reconocía la necesidad de libre acción económica dentro de un orden social.
Sin embargo, menos de cuatro días después, en la Universidad de la Habana, afirmó “Mi idea, como todo el mundo conoce, es que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos, ni para el mundo, al que conduce de crisis en crisis que son cada vez más globales y repetidas (…) ¿Cómo podría servir semejante sistema para un país socialista como Cuba?”.
Pero entonces ¿cuál es el modelo que sí serviría, tanto para Cuba como para el mundo? Fidel Castro no lo dijo, lo que hace suponer que en realidad no tiene en mente ninguna propuesta de modelo alternativa tanto al comunista como al capitalista.
Esta contradicción acompañada de falta de propuestas podría explicarse sobre la base del siguiente razonamiento:
En primer lugar, dejaremos de lado las frases “modelo económico comunista” y “modelo económico capitalista”
En segundo lugar, tendremos que convenir en que en realidad existen, con variantes y matices, dos formas de funcionamiento del orden económico, a saber: 1) El orden espontáneo, en el que la acción económica de los individuos es libre, pues no está sometida a los designios de un ente central planificador, y 2) El orden planificado, en el que la acción económica del individuo no es libre, pues es planificada por una burocracia centralizada que define la orientación y los fines del esfuerzo individual.
En tercer lugar, y sobre la base del primer y segundo puntos, podemos generar las siguientes hipótesis: a) Castro admite que el orden económico sometido a una férrea planificación es el que no funciona, por lo que se ha convertido en un partidario de las planificaciones selectivas y parciales. Es decir, que se ha vuelto un keynesiano. b) Castro sabe que solamente con la libre acción económica se puede salir de la eterna e indefinida bancarrota de su país, pero teme decirlo, y está buscando articular una forma de “ser capitalista sin ser capitalista”, o al menos sin admitirlo. c) Castro cree que existe una tercera vía, pero aún no la ha encontrado. d) (La menos probable) Castro está preparando el camino para que, de manera gradual, Cuba se convierta en una sociedad libre.
No sabemos, a ciencia cierta, qué es lo que se trae entre manos el ex presidente de facto de Cuba, Fidel Castro, pero lo seguro es que algo está en movimiento por aquellos lugares, y más temprano que tarde nos enteraremos de lo que se trata.
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Prostitución de la expresión
Esa es la frase con que el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, ha descrito lo que, según él, Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez entendería por libertad de expresión, haciendo alusión al reclamo del ex presidente de que se lo haya sentenciado a dos años y ocho mese de cárcel, por afirmar que el Banco Unión era una “lavandería de recursos chavistas, de corrupción y de dinero mal habido para uso del Gobierno”.
La afirmación del Vicepresidente apela a la exigencia de que el derecho a la libre expresión sea ejercido responsablemente por todos los ciudadanos, evitando hacer afirmaciones difamatorias sin presentar pruebas que las sustenten.
Dejemos de lado las declaraciones de Quiroga en el sentido de que sí habría presentado pruebas que demuestran sus afirmaciones respecto de manejos irregulares dentro del Banco Unión, pero que nadie se habría molestado en revisarlas e investigar sus denuncias. Y hagámoslo, además, porque debería ser el Órgano Judicial quien investigue lo denunciado por Quiroga, y quien decida, en última instancia, si sus afirmaciones tenían asidero o no.
Hablemos sobre la “prostitución de la expresión”: En fecha seis de agosto del año en curso, en el periódico Los Tiempos, Álvaro García Linera justificaba no tener pruebas de las acusaciones del Gobierno contra USAID, diciendo que “las conspiraciones no se hacen con facturas”. Además afirmaba “Ahora, que veamos al señor de la Embajada norteamericana, al secretario llevar el dinero: eso no se va ver nunca. No se puede buscar semejante prueba: son subterráneas”.
Entonces, quedan dos opciones: La primera. Que el Vicepresidente y su Gobierno también han estado incurriendo en la prostitución de la expresión y, por lo tanto, también merecen juicio y cárcel. La segunda. Que el criterio vertido por García Linera en agosto pasado también se debería aplicar a Tuto Quiroga, e incluso a las declaraciones acusatorias de Rubén Costas, pues ambos están hablando de corrupción en esferas de Gobierno y, nuevamente, según el Vicepresidente, como la corrupción no pasa factura, todos tendríamos la licencia de acusar en base a nuestras suposiciones y deducciones.
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Un vistazo a la judicialización de la política practicada por el MAS
Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa Gisbert, Jorge “Tuto” Quiroga y Eduardo Rodríguez Veltzé, son los ex presidentes procesados en un Órgano Judicial por cuya imparcialidad ya nadie pone las manos al fuego.
Además, están los gobernadores Rubén Costas, Ernesto Suárez, y Mario Cossio, cuyo incuestionable apoyo popular recibido en las urnas no tiene importancia para un oficialismo empeñado en desestabilizar e intentar tomar todo lo que perdió en las elecciones de abril.
También están los alcaldes Jaime Barrón, Héctor Cartagena, René Joaquino, Percy Fernández y ahora Luís Revilla, entre suspendidos y por suspender, que fueron retirados de la silla edil, en unos casos, y que podrían serlo, en otros, por la simple acusación de un fiscal, que no es un representante del Órgano Judicial (que de todos modos es controlado por el Ejecutivo), sino un miembro del Órgano Ejecutivo.
Adicionalmente se tiene a Leopoldo Fernández, Víctor Hugo Cárdenas, José Luís Paredes, Arturo Murillo, Ramón Daza, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Ninoska Lazarte, entre otros, a quienes también se persigue con ese instrumento represivo que el masismo ha construido sobre lo que antaño se llamaba justicia.
Estos casos son variados y, dependiendo de cada uno, se podrá especular sobre la justicia o no del inicio de procesos. Sin embargo, cabe aclarar que en todos ellos nos encontramos en una situación en la que el gobierno hace de juez y parte. Si la acusación proviene de la Contraloría, es el MAS a través del Ejecutivo; si proviene de algún fiscal, es el MAS a través del Ejecutivo; si la sentencia es dictada por un juez, es el MAS a través de las autoridades judiciales nombradas a dedo por el Presidente Morales; si es el Legislativo, es el MAS a través de sus dos tercios de asambleístas sometidos a la verticalidad del partido de gobierno.
Puesto así, se puede concluir que estamos frente a una situación en que todos los poderes han sido concentrados en un mismo grupo, a través del que algunas cabezas mandantes están haciendo y deshaciendo en el país, y cuyas acciones están minando los principios básicos de libre expresión, pluralismo político, presunción de inocencia, derecho a debido proceso, irretroactividad de la ley, y muchos otros.
¿Cuál el límite para el poder que un gobierno ha obtenido a través del voto de la gente? El límite son los principios básicos de un orden social libre, a saber: el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos; así como la completa vigencia de instituciones como la división y equilibrio de poderes, la libre expresión, el pluralismo político, la libre acción económica, la presunción de inocencia y otros, consagrados en las cartas universales de derechos.
Cuando un régimen de gobierno sobrepasa estos límites, ya nos podemos considerar en posición de decir que se ha transformado en una tiranía.
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Caso "Tuto" Quiroga: Judicialización de la política y atentado contra la libre expresión
En principio se debe descartar el argumento del viceministro de coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, quien ha afirmado que “En ese caso se ha seguido un juicio de acción privada penal y un juez ha declarado que Tuto Quiroga cometió el delito de difamación a los funcionarios y miembros del Banco Unión, sobre el tema sólo podemos opinar de lo que dijo el juez como sentencia porque no hemos sido parte como Gobierno ni como Estado”
Chávez omite, maliciosamente, que el gobierno es el propietario de más del 80% de las acciones del Banco Unión y que, por lo tanto, cuando esta institución, supuestamente privada, demanda a Jorge “Tuto” Quiroga, es en realidad ese 80% de gobierno, de oficialismo, quien está demandando al ex presidente.
El viceministro también evita deliberadamente recordar que se le otorgaron al Presidente Morales facultades extraordinarias para nombrar, a dedo, a las autoridades del Órgano Judicial, de manera transitoria, hasta que éstas sean elegidas por el voto de la gente, en un proceso electoral que estaba planeado para diciembre del año en curso, pero que ha sido postergado por la mayoría de asambleístas del MAS en el Legislativo. Por lo tanto, es perfectamente veraz la afirmación de que en este instante, las autoridades del Órgano Judicial, supuestamente independientes e imparciales, no son más que los operadores judiciales de la represión pseudolegal del gobierno.
Entonces, la relación que el oficialismo pretende negar con el proceso y la sentencia contra el ex presidente Quiroga, en realidad existe de manera bastante concreta. El gobierno es juez, pues es el Ejecutivo quien controla al Judicial, y es parte, pues el 80% del Banco Unión es del Estado.
El ex presidente Carlos Mesa ha afirmado que “Hay un proceso de judicialización de la política extremadamente grave y peligroso que se apoya en el amedrentamiento a los ciudadanos y no sólo al ciudadano de pie [sino] incluso, como es este caso, con un ex presidente”
Mesa concluye que la acción del gobierno contra Tuto “es inaceptable” y vulnera el derecho a la libre expresión, y ha afirmado que “las palabras [de Quiroga] fueron emitidas cuando se había producido el hecho de corrupción más grave en el Gobierno del presidente Morales, en vez de investigar las vinculaciones del señor Ramírez y el banco, se investiga a quien hace una reflexión sobre un tema de corrupción”.
Coincidimos con el criterio del ex presidente Carlos Mesa, y nos sumamos a las voces de repudio contra las actitudes autoritarias que el oficialismo ya ha asumido como patrón de comportamiento normal.
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