Entrevista: Se pide demasiado de la democracia, la democracia tiene límites

Entrevista al Profesor Leonardo Morlino, realizada por J. Lizandro Coca Olmos El Profesor Leonardo Morlino es Catedrático de Ciencia Política en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia y director del Doctorado en Ciencia Política en el mismo Instituto. Llegó a La Paz invitado por la Asociación Boliviana de Ciencia Política, la Fundación Konrad …

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La victoria del “proceso de cambio”

Los resultados de las recientes elecciones muestran un debilitamiento de la solidez electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) causado, principalmente, por factores de los que ya hablé en una columna anterior. Empero, hay una victoria, que más que al partido de gobierno, debe atribuirse al llamado proceso de cambio, y que a estas alturas ya …

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Una amiga… ¿o yo?

Pensé comenzar esta columna diciendo “Una amiga mía…” pero es lo típico cuando no se quiere dar el nombre del verdadero implicado –que a veces puede ser uno mismo– en el asunto que se pretende discutir o exponer. La idea era que una amiga me había dado una gran alegría al confesarme que en realidad …

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¿Izquierda y Derecha? (Versión preliminar)

Este ensayo es parte de un libro de crítica al marxismo desde el punto de vista teórico, que espero se pueda publicar en unos meses. Es una versión preliminar, puesto que ya encontré algunas aclaraciones y argumentaciones necesarias que faltan. Se suele abordar los debates político-ideológicos en términos de “izquierdas” y “derechas” sin tener necesariamente …

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El fallido estreno de la mordaza

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Actualidad en Bolivia, Anti-libertad, Constitución y leyes, Intolerancia, Libre expresión, Política, Totalitarismo

22/10/2010

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22/10/2010

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Subeditorial de Los Tiempos, 20 de octubre de 2010
Tarde o temprano tenía que estrenarse la flamante ley 45. Y como era de suponer, lo hace a través de es una acusación contra un medio de comunicación. El diario orureño La Patria, el segundo diario más antiguo de nuestro país, es el que tiene el privilegio de ser el primer acusado y el Honorable Concejo Municipal de Oruro la vergüenza de ser el primer acusador.
El caso es muy simple. El pasado martes, una concejala del Movimiento Sin Miedo (MSM) informó que el órgano deliberante orureño decidió iniciar un proceso en contra del rotativo por publicar “información discriminatoria” que “mella la dignidad” de algunos concejales del municipio.
A falta de una, son dos las causales del proceso. La primera, que el diario orureño empleó la palabra “concejil” en vez de “concejal” para referirse a algo relativo al Honorable Concejo. El término “concejil”, según el buen saber y entender de la concejil orureña, conlleva una carga despectiva y discriminatoria. Pero como si eso fuera poco, el diario agravó su falta al calificar como “bochornosa” una sesión de tan ilustre órgano deliberante. Y como consideran que “bochornoso” y “concejil” son términos discriminatorios, quieren que la ley 45 le caiga a La Patria encima con todo su rigor.
Felizmente, el presidente del Concejo desautorizó a la suspicaz concejil y se conformó con exigir al matutino una explicación por su discriminatorio proceder. Pero de nada valió que con el Diccionario de la Real Academia Española en la mano la directora demostrara que “concejil” es “perteneciente o relativo al concejo”, pues las autoridades orureñas insisten en que el término “mella su honor”.
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Hacia el “ranking del racismo”

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20/10/2010

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20/10/2010

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Editorial de Los Tiempos, 20 de octubre de 2010

El director de Lucha contra el Racismo, dependiente del Viceministerio de Descolonización, ha anunciado que la repartición a su cargo elaborará durante los próximos meses un “ranking del racismo” cuya primera versión será publicada el próximo mes de diciembre.

De acuerdo a las explicaciones dadas, el “ranking del racismo” será un instrumento de medición que posibilitará que los medios de comunicación de nuestro país sean clasificados según una escala en función al grado de racismo que dejen traslucir. Se podrá así determinar con precisión matemática, según las aclaraciones hechas por la autoridad, qué medios son los más racistas y cuáles los menos racistas.
No es difícil imaginar en qué consistirá la labor de la comisión evaluadora. Dedicarán seguramente su tiempo a medir todos los días –cronométricamente a los medios audiovisuales y geométricamente a los impresos– para determinar la extensión –en segundos o en centímetros, según el caso– de los contenidos dignos de figurar en algún punto de la escala del racismo. Tal escala, como es de suponer, tendrá que estar basada en un glosario que contenga todas las palabras, con sus respectivas connotaciones y gradaciones de matiz, que puedan ser identificadas como instrumentos de la transmisión de ideas y/o sentimientos racistas, entre muchos otros instrumentos necesarios para cuantificar elementos que solían ser considerados subjetivos. Habrá que desarrollar técnicas para medir el racismo de una imagen, un dibujo o una fotografía, por ejemplo.
Para que tal “ranking de racismo” no parezca un ejercicio arbitrario, sino lo que pretende ser –un instrumento de medición objetiva– tendrá que plasmarse en un determinado coeficiente que, al ser puesto en relación con las múltiples variables que tendrán que ser consideradas para efectuar el cálculo final, arroje datos suficientemente precisos para ser clasificados ordinalmente y sometidos a periódicas comparaciones sincrónicas y diacrónicas.
Según el anuncio de la autoridad responsable de tal misión, para la ejecución de la misma se cuenta ya con “un equipo técnico especializado en el tema”. Y aunque no aclaró dónde fue que los expertos adquirieron tal especialización, ya que en nuestro país no hay antecedentes de ese tipo de prácticas, sí tuvo el cuidado de aclarar que los datos arrojados por tal investigación no serán utilizados de ningún modo para sancionar a los medios.
Dadas las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, ya no es sorprendente que este tipo de anuncios se produzcan y tampoco que sean recibidos por la sociedad con una naturalidad impensable en otros tiempos. Lo que sí es sorprendente, y muy lamentable, es que el proyectado “ranking del racismo” cuente con el apoyo “técnico y económico” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, el mismo funcionario que secunda la versión gubernamental según la que los artículos 16 y 23 de la ley 45 no afectan en nada a la libertad de expresión.
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El Gobierno de Bolivia y el asalto a la libertad

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15/10/2010

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15/10/2010

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La supresión de la posibilidad de que los lectores de las diferentes versiones electrónicas de los principales diarios del país puedan ingresar comentarios a las noticias o a las columnas editoriales y de opinión, así como el anuncio de que se realizará una “clasificación” de libros para saber si están dentro de la categoría de “racistas”, además de que ahora la gente tiene más temor de decir en voz alta lo que piensa, son las primeras consecuencias de la aprobación de la Ley antirracismo.
Y es que ahora ya no importa si suprimir la opción de comentarios en los sitios web de los periódicos es una restricción a la libertad que tenían todos los ciudadanos de criticar o apoyar sus lecturas, sus ideas o sus preferencias. Tampoco si los primeros libros que se ha anunciado censurar son los históricos escritos de Gabriel René Moreno y Alcides Arguedas, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus ideas. Y menos interesa que no sólo la prensa, sino también los ciudadanos, hayan comenzado a cuidar lo que dicen y escriben.
El hecho es que el Gobierno ha comenzado a ensamblar el mecanismo necesario para establecer la verdad oficial, y para imponer la moral y la ética de los que mandan sobre toda la sociedad, penalizando las que pudieran no comulgar con las suyas.
Dos componentes más de este mecanismo son una ley que castigará los comerciales y escenas sexistas que se difundan por los medios de comunicación, y una nueva Ley del Trabajo que establecerá normas para regular medidas de protesta como las marchas y las huelgas.
Mientras este mecanismo totalitario es astuta, paciente y sistemáticamente ensamblado, siguen, dentro de la sociedad boliviana, silenciadas muchas voces cómplices conscientes de este error, pero que se niegan a manifestarse por conveniencia o por temor, y continúan los corifeos vociferantes cantando glorias para el Gobierno del cambio y para el líder espiritual de los oprimidos.
“Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso.” Son las palabras que el personaje de una afamada saga de ciencia ficción pronunció al dársele poderes extraordinarios a un futuro emperador, y son las palabras con que podemos describir lo que sucede en Bolivia.
Este es el proceso de pérdida gradual de la libertad, que ya se veía venir desde hace mucho, pero que tantos ciudadanos, aún hoy, se negaron y se niegan a reconocer.
Escrito para el portal www.boliviademocratica.net
Debo confesar que estoy invadido por una mezcla de sentimientos: Por un lado, me emociona estar presenciando, en vivo, el proceso a través del que una sociedad pierde su libertad de manera gradual, y aún hay muchos que lo aplauden. Pero, por otro lado, me mata la impotencia. Porque esa sociedad es la mía, y no puedo hacer nada para evitarlo.
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Por el derecho a pensar diferente y decirlo

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14/10/2010

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14/10/2010

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Es conocida la incomodidad del Presidente Morales y su régimen de gobierno con los periodistas y, más específicamente, con la libertad de prensa. Tan es así, que en varias ocasiones el Presidente ha aprovechado sus intervenciones públicas para atosigar a la prensa, declarando a los medios sus principales enemigos, humillando a periodistas públicamente, o comparándolos con pollos de granja o vuvuzuelas africanas.
El rechazo y rencor presidenciales, sin embargo, no son solamente contra los periodistas y los medios, sino contra el principio por el que cualquier ciudadano puede hacer declaraciones, preguntas, investigaciones, interpretaciones o revelaciones que pudieran incomodar al régimen de gobierno.
Se trata del principio de libre expresión, a través del que las personas de un país libre difundimos, a veces simple y pura información, y en ocasiones opinión, análisis e interpretación.
Este principio está consagrado en la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, numeral 5, que dice que las bolivianas y los bolivianos tenemos derecho “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.” Que es reforzado por el numeral 6 que incluye el derecho “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.”
Así mismo, en el artículo 106, referido a la comunicación social, dice que “II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.” Y a continuación “III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.”
Note usted que en ninguno de los casos se dice que la libre expresión será regulada por legislación alguna, por lo que la Ley mordaza, recientemente aprobada, no sólo sería un atentado contra los principios de una sociedad libre, sino también una norma inconstitucional.
El Gobierno ha respaldado la aprobación de su Ley contra el derecho a pensar diferente y poder decirlo con libertad, en la preocupación de la sociedad por la sensación de que en el país existe racimo. Esa preocupación, junto con las reflexiones de sectores de la sociedad, pensadores y políticos, podría haber dado como resultado una Ley que no necesariamente sea punitiva y acuda a la coerción para combatir un mal que al final de cuentas depende de la moral y la conciencia de las personas, sino que apunte a la educación y la prevención, a través de una campaña de formación de valores para la construcción de una sociedad tolerante.
Pero si de lo que hablamos es de la elaboración de un instrumento más para perseguir jurídicamente a quien disienta, y para callar la crítica y la opinión diferente, no existirá argumento que valga y, más bien, será absolutamente comprensible que Morales y su Gobierno continúen revelándonos su espíritu totalitario, y mantengan la Ley como está.
El poder que el Presidente se está dando a sí mismo, para silenciar voces y cerrar medios de comunicación, respaldado en una Ley anti libertaria, no lo ha tenido ningún dictador en la historia de Bolivia. Ellos al menos tenían la decencia de llegar con militares y armas, apresar ciudadanos y periodistas, y quemar o tomar el medio, sin pretender que les creamos que seguimos viviendo en democracia.
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