Tortura y asesinato en Bolivia

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Hace tiempo ya, se ha establecido de manera certera que la tortura no sólo es aquella acción que causa daño y dolor físico, sino también la que implica sufrimiento psicológico. Todo lo que deliberadamente se pudiera hacer a alguien para provocar temor, ansiedad, tensión nerviosa, depresión, desesperación, sentimiento de impotencia, y otras emociones penosas, angustiantes y dolorosas, es catalogado como tortura psicológica y es visto como un delito tan condenable como la tortura física.

En otros tiempos existía la figura de la “muerte civil” que, igual que la pena de muerte física, ha sido eliminada del conjunto de condenas jurídicas en los países que se han adherido a los convenios de protección y respeto de los Derechos Humanos.

La muerte civil consistía en suspender los derechos políticos, ciudadanos y hasta la identidad, a un individuo, convirtiéndolo en un muerto en vida, pues aunque físicamente aún existía, formal y socialmente se le convertía en un paria, excluido por completo del grupo al que llamamos “sociedad”

Quiero llamar la atención de la ciudadanía boliviana y de la comunidad internacional respecto de la tortura y el asesinato que se están practicando en Bolivia por obra de la arbitrariedad de los órganos de poder del gobierno, contra las personas cuya voz, acciones y presencia, incomodan a quienes hoy se creen dueños de la verdad y del país.

Varios de los líderes políticos que tienen procesos judiciales en curso, iniciados en muchos casos sobre la base de la figura jurídica franquista llamada “desacato”, están siendo torturados psicológicamente, pues deben asistir a múltiples audiencias en un sistema de justicia que transforma los juicios en peregrinajes (Roger Pinto tenía citaciones para declarar en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cobija), con las consecuencias psicológicas de los viajes de un lugar a otro, el no cumplimiento de las obligaciones en el trabajo, abandono de la familia y asuntos personales, gastos económicos, etc. Todo para que las audiencias sean suspendidas o los juicios extendidos como calvarios.

Son evidentes todos los nervios y ansiedades que causan múltiples juicios, a los que hay que agregar los ataques políticos y amenazas, que a veces se extienden a familiares y amigos, con la consecuente acumulación de abundantes presiones, impotencias, depresiones y tensiones.

Pero en Bolivia también hay asesinato gubernamental. Uno muy similar a la muerte civil que creíamos desterrada para siempre de la civilización moderna.

Asesinado política y cívicamente está Leopoldo Fernández, a quien se le ha quitado la libertad, la voz y los derechos, manteniéndoselo vivo biológicamente, pero desaparecido como político, como ciudadano, como esposo, padre y amigo.

Los que se han visto y se ven obligados a huir al exilio también son individuos asesinados política y cívicamente, pues es obvio que tampoco pueden hablar, postular… en fin, estar presentes en su propio país, ser parte de sus asuntos, ver a quienes aman, etc.

En Bolivia se tortura psicológicamente utilizando los fiscales y tribunales para acosar a las víctimas, buscando renuncien a toda acción, o incrementando en ellos la presión hasta la desesperación.

En Bolivia se asesina cívicamente suspendiendo derechos políticos a sola acusación de fiscal, manteniendo presos “preventivamente” por más de tres años, obligando al autoexilio o a la autocensura.

Estas personas han sido y están siendo torturadas. Y cuando no las veamos actuar más, habrán sido asesinadas.

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Lo plurinacional sin “pluri”

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¿Qué es peor, un Estado en que nos reconozcamos y respetemos plurales, aunque aquella realidad no esté expresamente nombrada en nuestra Constitución, o un Estado con Constitución, discurso oficial y Presidente que se pretenden plurinacionales, pero que no son más que impostores decorativos del despotismo?

Decir que Bolivia –y en general cualquier país en pleno siglo XXI- es plurinacional, pluricultural, multiétnico… en fin, plural, siempre lo consideré una verdad de Perogrullo. Sin embargo, sin devaluar la importancia de reconocer el hecho, lo importante debiera ser reflexionar qué es lo que haremos al respecto.

En ese sentido, el siguiente paso lógico sería asumir la realidad y la norma como una forma de vida, como una actitud de respeto e inclusión frente a la diferencia y la disidencia, pero ¿existe lo “pluri” en lo plurinacional, cuando el poder central pretende imponer su visión particular de las cosas a todos los demás?

Construir una carretera que destruya un parque nacional, atravesando el territorio de naciones indígenas reconocidas constitucionalmente en razón de la pluralidad, es imponer una visión que concibe el desarrollo como algo que se debiera alcanzar a cualquier precio, despreciando la propia visión que aquellas naciones tienen, y echando por tierra la cualidad de reconocer y respetar las distintas miradas del camino hacia el desarrollo.

Parte de lo plural, también es el derecho que tenemos todos de simpatizar o no, con las reivindicaciones de los indígenas del TIPNIS, los trabajadores de salud, la Universidad o la COB, apoyando sus peticiones o promoviéndolas, ya sea desde una posición individual, desde el activismo o a partir de iniciativas para recaudar dinero u otros enseres, pero ¿existe lo “pluri” en lo plurinacional cuando el poder político censura opiniones y posiciones que le son contrarias?

Tildar de “desestabilización” o “intento de golpe”, cualquier tipo de apoyo para una causa u otra, es una muestra más de que lo “pluri” verdaderamente no existe en las mentalidades de quienes condenan las posiciones y actitudes distintas.

Se extraña el reconocimiento efectivo de lo que formalmente es “pluri”, cuando el gobierno ataca a todos quienes no comparten sus ideas y proyectos.

No sólo nos dicen que son un gobierno democrático, sino que hacen gala de un supuesto pluralismo que no comprenden ni mucho menos practican.

La existencia de la pluralidad está supeditada a condiciones que la protejan y promuevan, implica la posibilidad de tener una opinión que pudiera desagradar y hasta enfurecer a los gobernantes, y contempla la probabilidad de hacer pública dicha opinión.

De la misma manera, pluralidad también es tener la posibilidad de organizarse para proponer la ejecución de proyectos e ideas que pudieran ser impopulares para muchos ciudadanos, y odiosas para los gobiernos de turno, pero que no por serlo sus portadores merecen ser silenciados, reprimidos o asesinados.

Evo Morales habla de lo plurinacional y dice representarlo, pero su pluralismo se reduce a una idea muy elemental, al alcance de cualquier dictador de pacotilla: “Pluralismo soy yo, y es que todos me apoyen y me den razón, sin exclusión por sexo, color o sector social. Los que opinen o actúen en oposición al pluralismo –que soy yo- atentan contra el proceso de cambio; esos enemigos del pueblo no merecen hablar ni organizarse, y deben ser criticados, deshonrados y desacreditados”

Ya vemos que hoy lo plurinacional no tiene nada de “pluri”

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A la gente trabajadora de Bolivia

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Es esencial que los trabajadores bolivianos, todos ellos, y no sólo aquellos que por ventura cuentan con un empleo asalariado, incrementen los ingresos que perciben por la inversión de su esfuerzo, talento y creatividad.

Es innegable, también, que los médicos del país, igual que cualquier trabajador, merecen ser tratados sobre la base de las normas laborales; y que si se pretende incrementar sus horas de trabajo, su salario debe incrementarse de manera proporcional.

Todos ellos, igual que muchos bolivianos, están esperando que aquellas demandas, planteadas en pos de una mejor vida y en exigencia de un pago equivalente al esfuerzo invertido, sean satisfechas por un gobierno que ha pretendido mostrarse como una divinidad que distribuye la ilimitada abundancia entre los mortales.

El problema es que ni Evo Morales es dios, ni los recursos del gobierno son ilimitados. En los hechos, aun cuando el masismo devolviera el lujoso avión presidencial, desechara sus planes de construir nuevos palacios de gobierno y comprar satélites, u otros despilfarros consumados y por consumarse, no sería posible satisfacer el conjunto de las demandas y necesidades de la gente trabajadora.

Es por ello que requerimos abordar dichos problemas a partir de una perspectiva muy distinta a la que Evo Morales y su gobierno han asumido como política del Estado boliviano.

No debemos pretender más que el problema sea la existencia de ciudadanos ricos, sino alentar la generación de mayor riqueza en cada vez más manos; tampoco podemos continuar aplaudiendo cuando a una persona se le arrebata su propiedad -sea ésta grande o pequeña- por parecernos “excesiva”, cuando lo que necesitamos es que cada vez más bolivianos sean propietarios y empresarios honestos, que generen más empleos y requieran los servicios de otros.

El camino correcto para solucionar las carencias y necesidades de la gente trabajadora, no es que los políticos y los burócratas inviertan dinero ajeno para abrir empresas y convertirse en incompetentes empresarios, sino exigir al gobierno las más amplias facilidades económicas, jurídicas y burocráticas para que sean los ciudadanos quienes realicen emprendimientos que incrementen la productividad y el empleo.

El dinero requerido para mejorar la vida de las personas trabajadoras está esperando en los bolsillos de miles de millones de consumidores alrededor del mundo, a quienes que no vamos a vender nada mientras continuemos con nuestra visión negativa en torno a los mercados de exportación y los acuerdos de comercio.

Crear más empresas, conseguir más mercados, vender más, comerciar y negociar, inevitablemente va a causar que algunos ricos sean más ricos, y que aparezcan nuevos ricos, pero también va a significar que todo ese movimiento económico demandará mayores cantidades de trabajadores, técnicos y profesionales, jóvenes y experimentados, al igual que los servicios de médicos, abogados, diseñadores, etc.

Cuanto menos alentemos el emprendimiento, y cuanto más rechacemos la actuación del capital en el país, mayor será nuestra dependencia frente a las dádivas gubernamentales y la buena voluntad de los políticos, y por tanto mayor nuestra servidumbre por sus deseos de poder y dominación.

Los bolivianos necesitamos que nos dejen trabajar, liberándonos de trabas burocráticas, regulaciones y favoritismos políticos; que se nos mire bien por querer comprar y vender para conseguir ganancias; y que se nos ayude a convencer a los clientes en lugar de ahuyentarlos.

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Cierre de candados a las autonomías

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Brevísimo análisis de las limitaciones en la construcción del régimen autonómico, a la luz de la Constitución Política del Estado del año 2009, y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) constituye una paradoja a partir de su mismo nombre, puesto que “Andrés Ibáñez” fue -en el marco de la historia de Bolivia, y particularmente en la lucha del Departamento de Santa Cruz por lograr independencia política y administrativa respecto de la sede de gobierno- un autonomista auténtico, mientras que ésta Ley es la negación final a la vocación autonómica; ambición específicamente cruceña, pero asumida también por otras regiones del país.

Empero, el principio del fin de las autonomías como regímenes de gobierno radica en la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, por lo que un análisis de sus dificultades estaría incompleto si nos concentráramos solamente en la LMAD.

Puede descargar el documento completo aquí

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