J. Lizandro Coca Olmos

Quiero referirme a las declaraciones del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la reciente Asamblea de la OEA en mi país. Al hacerlo, sé que estoy dirigiéndome también a las intenciones y sentimientos de Evo Morales, Hugo Chávez y otros tentados y caídos por el ejercicio autoritario del poder.

Correa dijo que “En el ámbito de los derechos, se vive la satanización del Estado y la política pública”, refiriéndose al papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que los mandatarios a veces son “llevados al banquillo por oenegés sin ninguna representatividad”.

Pero el Presidente ecuatoriano olvida que al ser el Estado, y sólo el Estado, quien puede vulnerar Derechos Humanos, es evidente y lógico que tanto la CIDH como Human Rights Watch o Amnesty International, hagan observaciones o condenen acciones –él les llama satanizaciones- de los gobiernos en el ejercicio del poder.

Es verdad que la representatividad la tienen los gobiernos, y no estos organismos internacionales y fundaciones; pero si su misión es velar porque no vulneren los DDHH ¿tendría algún sentido que dependan de los gobiernos cuyas acciones son las que deben observar? Hacer que estas organizaciones respondan a los gobernantes –que son precisamente a quienes tienen que vigilar- sería equivalente a matarlas y dejar a los ciudadanos desprotegidos frente a los posibles abusos del poder.

Las incomodidades frente al papel de las organizaciones para la observación y cumplimiento de la libertad y los derechos, sin embargo, no es nada nueva, y tampoco lo son los afanes por desligarse de su escrutinio. En el año de 1999, cuando se vaticinaban medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno peruano, Alberto Fujimori decidió retirar a su país de la jurisdicción de dicho organismo. ¡Claro! el despojo de la nacionalidad y la confiscación del canal de televisión opositor al régimen de propiedad del periodista Baruch Ivcher, y la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional que habían votado contra su reelección, eran acciones que Fujimori también consideraba legítimas por el simple hecho de haber sido elegido a través del voto de la gente.

Rafael Correa también dijo que en “América Latina la prensa miente y manipula, debemos buscar una prensa libre y verdadera”. Pero como es costumbre en los caudillos autoritarios, escondió la segunda parte de esa afirmación, que tendría que proponer quién, o quiénes, serían los que determinen cuál es la “verdad” a ser transmitida por los medios a los pueblos de Latinoamérica. La suya, por supuesto; la “verdad” única y verdadera de los gobiernos, como la que vemos y oímos en las televisiones y radios de nuestros Estados.

La función de la libre expresión y prensa radica precisamente en que los ciudadanos obtengan diferentes versiones de lo que pudiera ser la verdad –lo que implica que algunas podrían ser falsas- para decidir ellos mismos, en base a su propio criterio, racionalidad y conciencia, cuáles cosas creer y cuáles no. Sabemos que todos nos pueden mentir, sean gobernantes, opositores, periodistas o vecinos, así que preferimos que todos puedan hablar libremente para elegir nosotros mismos en quién creer.

Pero me imagino que mecanismo ideal de defensa de los DDHH y la libre expresión para los déspotas, es que ellos mismos sean el mecanismo.

E imagino, también, que es lógico que quien se cree amo y señor de la verdad diga que “Toda la prensa en Latinoamérica miente”.