La reelección sería inconstitucional

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Dos elementos esenciales, que deberían ser considerados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, me llevan a concluir que la reelección de Evo Morales sería inconstitucional:

El primero es el mismo texto constitucional que no deja lugar a dudas –o al menos eso parecía- respecto del tema.

La Constitución sólo permite una reelección de manera continua. Ello está consignado en el artículo 168, que a la letra dice “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.”

Entonces, para cualquier ciudadano, en actual ejercicio del cargo presidencial, que quisiera candidatear otra vez, el mandato en curso debería ser su primero para estar habilitado. El Presidente Morales está ejerciendo su segundo mandato (2010-2015), vale decir que ya fue reelegido por una vez, precisamente, luego de una primera gestión (2006-2010) que fue inmediatamente anterior a la de hoy.

Bien, se argumenta que la primera gestión de morales (2006-2010) no contaría para los efectos de éste artículo, puesto que la ejerció cuando aún no estaba vigente la Constitución de 2009.

Empero, de acuerdo a la disposición transitoria primera, parágrafo II de la CPE “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.” Es decir, que los mandatos anteriores a 2009 (año en que entró en vigencia la actual Constitución) son explícitamente reconocidos por la CPE para ser considerados a la hora de verificar habilitaciones para candidaturas.

También se dice que al haberse acortado el primer mandato (2006-2010) de Evo Morales, no contaría constitucionalmente como un mandato. Pero éste argumento ya es demasiado rebuscado. El primer periodo de gobierno del Presidente revistió características especiales por el mismo hecho de que en él se gestó la actual Constitución, pero no por ello deja de ser un mandato. La misma Constitución lo reconoce como tal, precisamente en la disposición transitoria primera.

El segundo elemento es el espíritu de la Constitución, que no es otra cosa que la intención y las motivaciones de los legisladores cuando la redactaron, que suele estar en una “exposición de motivos” que precede a los artículos de la ley y/o en documentos históricos de su proceso de redacción. En derecho, cuando la interpretación del texto de una norma conlleva alguna dificultad, se suele acudir a lo que motivó al legislador a dictarla, puesto que ignorarlo podría resultar en una interpretación contraria a lo querido por el legislador.

Cuando ya sólo faltaba que se convoque a referéndum constitucional, y como parte del acuerdo para lanzar la convocatoria, el oficialismo incluyó la disposición transitoria aquí mencionada para conseguir el voto opositor en el Congreso.

Es decir, que claramente la intención de los legisladores del MAS era resignar la posibilidad de una segunda reelección de Morales, con tal de viabilizar la aprobación de la CPE 2009, y la motivación para la inclusión y redacción de aquella disposición, no ha sido otra cosa que la de garantizar que el Presidente no pudiera ir a otra reelección.

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El descontrol del mar

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Bolivia nunca tuvo una política de Estado (una doctrina, diría mi padre) respecto de su reivindicación marítima. Lo único que se ha mantenido invariable han sido consignas como “el mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber”, pero en lo referido a una estrategia clara, realista y de largo aliento, que resista los vaivenes de la política y el conflicto, absolutamente nada.

A veces pareciera que la ausencia de una doctrina seria es, en realidad, un defecto deliberado de los políticos para poder utilizar con mayor libertad aquel comodín que siempre está disponible debajo de sus mangas, para usarse en situaciones de crisis política, elevados índices de impopularidad o escándalo público, que es el patrioterismo anti-chileno.

No hallo otra explicación cuando pienso en los tremendos vacíos del asunto diplomático. A la pregunta de “¿Qué es exactamente lo que queremos los bolivianos?” la respuesta unívoca sería “mar”, pero ciertamente no sería exacta.

Una política de Estado seria no puede apuntar a obtener “mar” como sea, sino que tiene que contemplar opciones limitadas, definidas y determinadas por el realismo y la viabilidad. Por ejemplo ¿es posible recuperar el territorio que originalmente era boliviano? Esto sólo se podría lograr por dos vías, a saber 1) Una nueva conflagración en la que Bolivia retomase su litoral y 2) Un acuerdo diplomático con la República de Chile.

Al entrar el realismo en escena, la primera opción queda descartada, no sólo por la pobre capacidad bélica boliviana, sino porque estos ya no son tiempos para resolver conflictos entre países por la fuerza de las armas. La segunda opción también queda eliminada por el realismo, pues la devolución acordada del territorio originalmente boliviano, no sólo que sería un inconveniente excesivo para Chile, sino que dividiría al país vecino en dos.

Descartando, por distintas razones, la opción de los enclaves, sólo nos queda la idea de obtener un corredor útil y con continuidad territorial, dos cualidades a las que el Presidente Carlos Mesa agregaba la soberanía, que podría ser incluida con una variante conveniente a la estrategia para alcanzar el corredor.

Una vez que sepamos exactamente lo que queremos, habrá que diseñar una estrategia que nos acerque al objetivo trazado, en el marco de las relaciones diplomáticas, comerciales y geopolíticas, buscando que la solución requerida signifique beneficios para todas las partes involucradas.

¿Qué podría interesar a la comunidad sudamericana? La eliminación de potenciales inestabilidades en el frontera peruano-boliviana-chilena y la constitución de un símbolo de integración regional.

¿Cómo llamar la atención de Chile y Perú sobre la necesidad de solucionar el problema marítimo boliviano? Proponiendo la constitución de un poderoso polo de desarrollo en la frontera tripartita, a través de la creación de un corredor (y aquí la variante de la soberanía) con triple soberanía, donde se establezca una gran zona franca trinacional que potencie no sólo la integración, sino el desarrollo y el comercio.

Para ello, sin embargo, sería necesario un gran acuerdo político por el que los caudillos y los enfermos del “complejo de Adán” renuncien a sus manías de recomenzar la historia de Bolivia con ellos mismos y, por supuesto, a la idea de seguir usando a Chile como cortina de humo de la incompetencia política.

Seguir como hasta ahora, que un mismo gobierno ha cambiado tres veces de “estrategia” en menos de ocho años, es hacer lo de Penélope esperando a Ulises.

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De rastreros y traidores

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Cuando los ciudadanos votan por determinada fórmula o candidato, en realidad lo hacen por varias cosas. Una de ellas es la particular perspectiva con que las candidaturas ofrecen realizar una buena gestión de gobierno.

Convengamos en que si bien los antecedentes de las autoridades de cierto grupo político podrían dar lugar a creer que no es cierto, todos, al final de cuentas, ofrecen realizar una gestión positiva para la ciudadanía desde el cargo al que postulan.

Pero los votos también expresan simpatías y antipatías, premios y castigos, y no sólo señalan qué es lo que la gente quiere de su autoridad, sino también cómo y con quién(es) desean que esa “gestión positiva” se realice.

Cuando un político recibe la confianza y el apoyo del voto, se compromete a excluir todo aquello a lo que el electorado quería castigar, o por lo que deseaba expresar su antipatía. No hacerlo es equivalente a traicionar el voto y la confianza de la gente.

Eso es lo que ha sucedido en los últimos días en el municipio de Quillacollo luego de que su Alcalde decidiera jurar al MAS, sabiendo que su electorado votó expresamente por una opción a la que consideraba opuesta al partido de gobierno, ergo, traicionando todo el sentimiento expresado en su elección.

El haberse sentido “huérfano” en la gestión edil no es más que un argumento chapucero para justificar la trastada que se le hace al pueblo quillacolleño, pues es obvio que el sujeto en cuestión conocía de antemano las difíciles condiciones en las que asumiría el cargo, con un Concejo Municipal sin mayoría, una Alcaldía sitiada por el oficialismo y, él mismo, con riesgo de procesos legales en su contra.

Lo cierto es que a la hora de arrastrarse servilmente ante el poder, abundan quienes están dispuestos a mofarse de la buena fe del ciudadano y su voto. Lo hemos visto también con cierto Concejal del Municipio de Cercado, otrora opositor, ahora amigo íntimo del Alcalde; y también en un sinnúmero de casos de autoridades ejecutivas y legislativas, que creen que sentirse supuestamente traicionados, abandonados o defraudados por sus compañeros, es justificativo suficiente para traicionar el voto de la gente.

Hablamos desde hace años de una nueva forma de hacer política, pero todavía no somos capaces de reconocer y respetar algo tan básico como el sentimiento que imprime el ciudadano en su voto, y comprometernos con él, asumiéndolo con responsabilidad y disposición para enfrentar presiones, persecuciones e incluso nuestra propia caída, con tal de demostrar al pueblo que el político también puede ser honesto, honorable y fiel a la visión y perspectiva que se ha ofrecido, y que no por nada ha ganado el favor del elector.

Nunca olvido el día que yo mismo me sentí usado por la política, cuando Jaime Paz manifestaba “qué difícil es amar a Bolivia” mientras entregaba mi voto contra Gonzalo Sánchez de Lozada, a Gonzalo Sánchez de Lozada. Seguramente así se sintieron todos los agredidos y golpeados por la Unión Juvenil Cruceñista en 2008 cuando, a los pocos meses, el MAS firmaba una alianza con los golpeadores. Y probablemente también se vieron usados y traicionados los indígenas cuando un gobierno al que consideraban suyo, los reprimió en plena marcha por la defensa de su territorio.

Intentarán justificar como puedan su menosprecio al voto de las personas, argüirán los más variados argumentos y mostrarán sus más estudiadas y entrenadas caras de víctimas o héroes, pero no dejarán de ser rastreros y traidores.

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Austeridad: Un rostro de la demagogia

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Uno de los rostros más ridículos que ha adoptado la demagogia en Bolivia es el de la austeridad. Los políticos populistas parecen creer –no sin razón- que quien gane la carrera por parecer más pobre se beneficiará de la preferencia de un electorado que es fácilmente cautivado por símbolos y poses, y que parece no percatarse de que lo que necesitamos son buenos políticos, y no políticos pobres. El ganador del premio al más miserable, no por él se transforma en un político honesto, competente y bienintencionado.

La primera reducción de los salarios públicos se realizó en el gobierno de Carlos Mesa, pero en aquella ocasión la medida se fundamentaba en dos razones urgentes y reales, a saber: 1) El descubrimiento de unos salarios y pluses que hacían una vergüenza y escándalo nacional y 2) Mesa recibió un gobierno con un déficit fiscal de alrededor del 8%, que obligó a realizar recortes en varias instancias de la administración pública.

El primer gobierno de Evo Morales inició con anuncios absurdos como aquel de que el Presidente compartiría la casa presidencial con dos o tres autoridades de alta jerarquía, con el objetivo de mostrar aún mayor austeridad que el gobierno anterior. Afortunadamente la idea fue abandonada.

Lo que sí se concretó apenas iniciada la gestión 2006 fue la reducción del salario del Presidente a 15.000 bolivianos que, junto al decreto del gobierno Mesa, que prohibía que cualquier funcionario público reciba ingresos mayores a los del primer mandatario, limitó a todas las instituciones a contratar “profesionales” que en realidad sólo lo fueran por el valor de esa cifra.

Me parece una barbaridad que el Presidente gane sólo esa cantidad, pues no se trata de definir lo que al común de la gente le parezca suficiente o justo, sino de pagar a quien se contrata de acuerdo a la responsabilidad del cargo que le toca. Y es evidente que ser Presidente es un trabajo de gran responsabilidad.

Muy tarde la gente del gobierno se dio cuenta de las desventajas de la medida, pues YPFB, la principal empresa estratégica del país, había estado tratando de funcionar con “expertos” que no cobrasen más de 15.000 por su trabajo, con lo que ningún auténtico experto sentía las más mínima tentación por trabajar para Bolivia. El gobierno tuvo que crear una norma “especial” para que a los verdaderos expertos en hidrocarburos se les pudiera pagar más que al Presidente.

Tan extremo es el ridículo al que hemos llegado, que cuando los asambleístas del departamento de Cochabamba incrementan sus salarios a poco más de 10.000 bs, no faltan quienes lanzan el grito al cielo, siendo que los concejales de cercado ganan más de 13.000 y los secretarios de la Gobernación llegan a 10.000. Pero no, para mantener la demagogia de la austeridad han tenido que traer a Evo Morales a que presione a la Asamblea Departamental –vaya autonomía que nos gastamos- para que vuelvan a reducir sus sueldos, obteniéndose como resultado una extraña propuesta de compra de curules, que consistiría en que los asambleístas volverían al salario anterior a cambio de no ceder sus puestos a los suplentes.

La competencia por mostrar poses de pobreza nos ha vuelto tan miserables, que mientras se gastan millones en satélites, aviones y nuevos palacios, los concejales de Cercado no pueden adquirir unos cuantos iPads para trabajar, sin que dirigentes y políticos oportunistas de oficialismo y oposición condenen la probable compra como si fuera un gran abuso y la ruina del Municipio.

Preferiría que las autoridades compitan por ser los más eficientes y honestos, y no por quién es más pobre.

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