Los déspotas en acción

No puede ser otra cosa que una muy mala señal la afirmación del Presidente Morales de estar considerando retirar a Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicha declaración no sólo que devela su deseo de utilizar el poder público sin control alguno, sino que reproduce una perversa tendencia de los gobernantes populistas, que piensan que por contar con amplio apoyo electoral nadie tiene derecho alguno de mirar por encima de sus hombros para ver cómo es que están utilizando esa legitimidad.

Es más, ellos creen que el simple hecho de contar con la simpatía de la gente es el factor legitimador único y suficiente, por encima de consideraciones referidas a la calidad de la democracia como conjunto de derechos individuales que deben ser preservados, así como mecanismos y procedimientos, frenos y contrapesos del poder y tantos otros, que son los que hacen a un país verdaderamente democrático.

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha declarado recientemente que la CIDH era útil cuando existían dictaduras en el subcontinente, pero que ahora que los gobiernos son democráticos él vería incorrecto que dicha organización tenga en la mira el comportamiento de los Estados para con sus pueblos.

Es un error conceptual en el que puede caer la gente común, pero que de ninguna manera se lo podemos perdonar a los gobernantes. Al ser el Estado el único capaz de violar los Derechos Humanos, es evidente que una organización para su defensa debe tener en la mira el accionar de los mismos. ¿A quién más habría de vigilar?

Y tampoco sería nuevo observar gobiernos democráticamente elegidos que vulneraran los Derechos Humanos de las personas. ¿Necesito recordar aquí que Adolfo Hitler en su época era un gobernante elegido y querido por su pueblo?, o más cerca ¿Debo mentar aquí a Alberto Fujimori, elegido democráticamente y querido por su pueblo?

Estos y otros casos no hacen más que demostrar que las elecciones democráticas no constituyen ninguna garantía de bondad, competencia, honestidad y respeto por la gente, por lo que se hacen necesarias organizaciones como la CIDH. Y es evidente que dichas organizaciones no deberían dar cuentas a los mismos Estados a los que deben vigilar.

Es sintomático, además, que la declaración del Presidente Morales se realice justamente cuando indígenas del TIPNIS anuncian que interpondrán un recurso contra su gobierno ante la CIDH. Es decir, que a él le molestaría que ciudadanos bolivianos cuenten con instancias ajenas al gobierno para reclamar por tratos a los que consideran injustos.

Los déspotas rechazan dar cuentas de sus actos, y sólo lo hacen ante organizaciones que ellos mismos controlan, como poderes públicos invadidos y contaminados por sus propios partidos políticos, o movimientos sociales que participan de la administración pública o se benefician de ella. Su más grande deseo es rendir cuentas a asambleas legislativas controladas por sus militantes, realizar juicios ante tribunales compuestos por sus militantes, someterse a controles sociales y diálogos con sus propios correligionarios y ¿por qué no?, ser aprobados y aplaudidos por organismos internacionales financiados y controlados por ellos mismos.

Será por eso, que tanto Correa como Morales, así como el resto de gobiernos populistas, pretenden hacer con la CIDH lo que hicieron con las instituciones de sus Estados, a saber: destruirlas o apoderarse de ellas.